Durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en el sector público de salud de 20 jurisdicciones argentinas, según el Reporte Anual 2025 de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health. La cifra se mantuvo en niveles similares a los relevados anteriormente.
El informe señala que la tasa fue de 7,45 interrupciones cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 registrada en 2023. La mayor cantidad de prácticas se concentró en la provincia de Buenos Aires, con 41.446 casos; la Ciudad de Buenos Aires, con 9.458; y Córdoba, con 9.341. En conjunto, estas tres jurisdicciones reunieron el 72% de las intervenciones informadas.
El relevamiento también puso el foco en el financiamiento de la política sanitaria. Según el reporte, el programa nacional de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable registró una reducción presupuestaria del 57% entre 2023 y 2026, mientras que disminuyó de manera marcada la cobertura estimada de anticonceptivos provistos por el Estado nacional.
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Ante la discontinuidad de compras nacionales de medicamentos utilizados para las interrupciones del embarazo, 13 provincias asumieron la adquisición de insumos con recursos propios. El reporte identifica entre ellas a Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La red pública que garantiza el acceso también se mantuvo relativamente estable: pasó de 1.862 efectores a 1.846. En las jurisdicciones con información disponible, una amplia mayoría de las intervenciones se realizó durante las primeras 12 semanas de gestación y principalmente mediante tratamientos farmacológicos.
El informe advierte, de todos modos, que la fotografía nacional es incompleta. Los datos disponibles no incluyen los procedimientos realizados en obras sociales y el sector privado, y tampoco se cuenta con registros provinciales completos de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Por eso, las 87.603 interrupciones representan el universo registrado en el sector público de las jurisdicciones relevadas y no el total de prácticas realizadas en Argentina.


