La Justicia de Esquel abrió una investigación por una presunta turbación de la posesión y dispuso una medida cautelar para permitir el ingreso al terreno y realizar trabajos de delimitación.
En Esquel, el Ministerio Público Fiscal formalizó una investigación penal por la presunta comisión del delito de usurpación, en la modalidad de turbación de la posesión, a partir de una denuncia por impedimentos para acceder a un terreno y realizar trabajos de cerramiento.
Según expuso el fiscal Martín Robertson durante la audiencia, el conflicto se habría registrado durante el año pasado e incluiría al menos dos episodios en los que se habría impedido el ingreso de la propietaria, familiares y trabajadores contratados para realizar tareas de delimitación y alambrado.
La Fiscalía encuadró provisoriamente los hechos como un caso de usurpación en coautoría. La denuncia también hizo referencia a situaciones de intimidación que, de acuerdo con la acusación, habrían dificultado el desarrollo de las tareas previstas en el inmueble.
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La defensa se opuso a la apertura de la investigación y al dictado de medidas cautelares. Entre sus argumentos, planteó cuestionamientos sobre la precisión del relato y sostuvo que el conflicto estaría vinculado con una disputa histórica por límites y derechos posesorios, relacionada con tierras fiscales linderas.
Tras escuchar a las partes y analizar las características geográficas del lugar, el juez rechazó el planteo defensivo. En particular, tuvo en cuenta que el único acceso vial al terreno requiere atravesar el lote lindero y consideró que, para esta etapa inicial, la legislación exige una descripción clara de los hechos y una calificación legal provisoria.
Además, el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó garantizar una servidumbre de paso para permitir el libre acceso a la propiedad mientras avanza el proceso. La medida también autoriza los trabajos de amojonamiento y alambrado sobre los límites correspondientes al título de propiedad acreditado.
La resolución estableció que la medida no habilita modificaciones ni cierres en sectores que actualmente se encuentran alcanzados por trámites o disputas administrativas. Finalmente, el juez pidió a las partes coordinar las tareas de manera pacífica y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la fuerza pública ante un eventual incumplimiento de lo dispuesto.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
