La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicó una serie de recomendaciones para que los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires refuercen la protección de la infancia frente a eventos climáticos extremos y situaciones de riesgo ambiental.
A través de la Recomendación N.º 20, el organismo planteó la necesidad de avanzar desde respuestas principalmente reactivas hacia políticas de anticipación, prevención y reducción de riesgos. El documento toma como referencia la posible ocurrencia o intensificación de fenómenos asociados a El Niño-Oscilación del Sur y las previsiones para el período 2026/2027.
La Defensoría señaló que niñas, niños y adolescentes se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a inundaciones, sequías, olas de calor, incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos. Estos eventos pueden afectar derechos vinculados con la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y el desarrollo integral.
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Entre las 14 medidas propuestas se encuentra la elaboración y actualización de mapas territoriales de riesgo, junto con el relevamiento de escuelas, centros de salud y espacios de cuidado ubicados en zonas expuestas. También se recomienda identificar a las familias y grupos de niños y adolescentes que requieren atención prioritaria para mejorar la planificación de evacuaciones y asistencia.
El documento plantea además la implementación de sistemas de alerta temprana accesibles y comprensibles, planes de contingencia con perspectiva de infancia y protocolos de evacuación que eviten separaciones familiares innecesarias. En los refugios, se pide garantizar agua potable, alimentación, higiene y condiciones sanitarias adecuadas, mientras que en materia de salud se recomienda asegurar medicamentos, tratamientos crónicos, rehabilitación y atención de salud mental.
La Defensoría también reclamó medidas para garantizar la continuidad educativa y prevenir situaciones de violencia, abuso, explotación y trata durante las emergencias. Como cierre, pidió una articulación permanente entre las áreas de salud, educación, ambiente, desarrollo social, seguridad y protección civil, además de recursos humanos y presupuestarios disponibles con anticipación. “La anticipación constituye una herramienta esencial de protección”, sostuvo el organismo.
