ATE reclamó paritarias y aseguró que el 60% de los estatales del país es pobre

El dirigente rionegrino afirmó en un documento que «es inconcebible que solo los sectores privados estén obligados a cumplir con el pago del salario mínimo, vital y móvil», y afirmó que «es alarmante el crecimiento del porcentaje de estatales nacionales pobres».

«Eso ratificó el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que informó que una familia tipo requiere 111.298 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza», dijo Aguiar, y señaló que «más de dos millones de trabajadores ya están en esa condición».

El dirigente estatal añadió que «la mayoría de quienes tienen ingresos por debajo de la pobreza son trabajadores municipales y provinciales», y puntualizó que los intendentes y gobernadores son «los principales responsables del deterioro salarial del personal».

«De los 3,5 millones de estatales en todo el país, el 13 por ciento se ubica en las órbitas municipales y, el 66 por ciento, en las provinciales», detalló Aguiar, quien rechazó que «el salario mínimo solo rija para los privados y que no esté obligado el sector público».

«Hay que reclamar la sanción de una ley para que también comprenda al personal de los municipios y de las provincias», sostuvo el dirigente al realizar declaraciones unos días antes de la nueva convocatoria oficial al Consejo del Salario Mínimo, previsto para el lunes próximo.

El actual ingreso mínimo asciende a 47.850 pesos, por lo que la cartera de Trabajo convocó para el lunes a sindicalistas y empresarios para actualizar ese valor.

Para Aguiar, el mínimo «está muy lejos de ser una retribución justa, por lo que es preciso reclamar un aumento considerable de su valor para que garantice como piso el costo de la canasta básica», concluyó el dirigente al opinar respecto del último informe del Indec, que también señaló que se necesitan 49.466 pesos para no convertirse en indigente.

Por otra parte, la Junta Interna de Delegados de la ATE en el Indec se pronunció por «la unidad de las centrales obreras y los movimientos sociales para romper con el Fondo Monetario Internacional (FMI), terminar con la especulación financiera y con la remarcación de precios», dijeron los dirigentes Raúl Llaneza, Fabio Peñalva y Marcela Almeida.

Un documento del sector reclamó la convocatoria a paritarias y la generación de mecanismos que ofrezcan a los sectores de la economía informal y a los desocupados ingresos que satisfagan las necesidades básicas, trabajo genuino, salud, vivienda y educación, por lo que «la carestía de vida no puede crear más vulnerabilidad y hambre».

«Sin recomposición salarial y trabajo genuino de calidad no hay reactivación posible. Los ingresos no pueden continuar siendo la variable de ajuste. Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó en julio último 179.990 pesos para satisfacer sus necesidades», afirmó y dijo que «ese valor se integra con 61.383 pesos para la canasta alimentaria mínima y otros 118.607 para acceder a otros bienes y servicios».

La ATE-Indec exigió en un comunicado la reapertura inmediata de paritarias, el pago en un solo tramo del saldo de la pauta 2022/23, el urgente ‘pase a planta permanente y con estabilidad laboral de todos los trabajadores, la regularización del empleo en la administración pública y un bono de emergencia mensual de 20 mil pesos.

Hace dos semanas, el propio titular de la ATE nacional, Hugo Godoy, reclamó en carta dirigida a los funcionarios nacionales la inmediata revisión de la paritaria para el Estado que, en un principio, debería concretarse recién a comienzos de octubre próximo, ante «la alarmante estampida del proceso inflacionario y la constante remarcación de precios».