La polémica reforma al Poder Judicial en México, que propone elegir a magistrados y jueces mediante voto popular, fue debatida en la CIDH, generando posturas enfrentadas entre el gobierno mexicano y expertos en derechos humanos.
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Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la polémica Reforma Judicial impulsada por el gobierno de México, iniciativa que propone designar a magistrados y jueces mediante elecciones populares. La reforma, promovida inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por su sucesora Claudia Sheinbaum, busca “acercar la justicia a la gente”, según defendieron los representantes del gobierno mexicano.
Durante la audiencia, Roberta Clarke presidió el debate en el que Luz Baños, embajadora mexicana en la OEA, y José Antonio Montero Solana, consejero jurídico de Sheinbaum, defendieron la reforma afirmando que “ya es una realidad en México” y que cuenta con el respaldo popular. Montero Solana enfatizó la legitimidad de la propuesta al decir: “El apoyo popular fue apabullante, fue una decisión de la soberanía popular”.
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La audiencia también permitió a varios expertos y representantes de la sociedad civil mexicana expresar su preocupación. Carlos Bernal Pulido, especialista en derechos humanos, criticó la propuesta, afirmando que la elección popular de jueces podría poner en riesgo la independencia judicial. Por su parte, Marieclaire Acosta, presidenta de Justicia Transicional de México, argumentó que esta reforma reemplazaría el mérito por la popularidad, mientras que Carmen López, jueza mexicana, denunció los riesgos de nepotismo y la amenaza a los derechos humanos.
La relatora de la CIDH, Andrea Pochak, expresó la preocupación de la organización sobre el posible impacto de esta reforma en la independencia judicial de México. “La CIDH va a seguir presente en la vida y vigencia de los Derechos Humanos en México”, afirmó, concluyendo que se monitoreará de cerca la implementación de esta reforma.
Tras la audiencia, organizaciones civiles mexicanas presentaron un documento en el que denuncian que la reforma no responde a las necesidades de justicia en el país. En su comunicado, destacan que, lejos de agilizar procesos como el amparo, la reforma introduce “figuras violatorias” que afectan el derecho al debido proceso.
Fuente: Infobae
Foto: iJudicial
