La Fiscalía formalizó la investigación por una serie de hechos ocurridos entre el 5 y el 6 de octubre. El juez consideró acreditados, en esta etapa, los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La Fiscalía de Esquel formalizó una investigación contra un hombre acusado de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones agravadas por el contexto de violencia de género y desobediencia a una orden judicial. El juez interviniente dispuso seis meses de prisión preventiva.
Según la acusación presentada por la fiscal María Bottini, el procurador de fiscalía Ismael Cerda y el funcionario Mauro Beloqui, los hechos investigados ocurrieron entre el 5 y el 6 de octubre en Esquel. La investigación comenzó luego de que el imputado presuntamente incumpliera una prohibición de acercamiento vigente desde el 19 de septiembre.
De acuerdo con la Fiscalía, el 5 de octubre el hombre habría concurrido al domicilio de la mujer y posteriormente ambos se trasladaron hasta una vivienda del barrio Ceferino. Allí, durante la madrugada del día siguiente, se habría producido una agresión física y el acusado habría cerrado la puerta con llave, impidiendo que la víctima pudiera retirarse del lugar.
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En ese contexto, la acusación sostiene que se produjo el abuso sexual y que el imputado habría utilizado amenazas y distintas formas de intimidación para evitar que la mujer pidiera ayuda o realizara una denuncia. Según lo expuesto en audiencia, la víctima logró escapar durante la tarde del 6 de octubre, cuando el hombre salió momentáneamente de la vivienda.
Durante la audiencia de este jueves, el imputado negó que los hechos hubieran ocurrido de la manera planteada por la Fiscalía. Su defensa solicitó medidas de prueba y propuso como alternativa a la prisión preventiva un arresto domiciliario en la localidad de Tecka.
Para fundamentar la medida de coerción, la Fiscalía planteó la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros elementos, señaló el escaso arraigo del imputado, la ausencia de un empleo formal, sus antecedentes de residencia en distintas localidades y la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo.
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También se incorporó un informe interdisciplinario del Servicio de Asistencia a la Víctima que estableció un nivel de riesgo alto. La Fiscalía sostuvo que era necesario preservar a la denunciante frente a posibles presiones o represalias, mientras que el juez consideró además que la existencia de una prohibición de acercamiento previamente incumplida reforzaba la necesidad de adoptar una medida de mayor intensidad.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva por seis meses. Entre los elementos considerados se mencionaron las lesiones constatadas médicamente y las verificaciones realizadas en la vivienda, además de los riesgos procesales evaluados durante la audiencia.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
