Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones económicas con ciudadanos o entidades estadounidenses, además del bloqueo de bienes y activos que las personas o empresas afectadas pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.
En contraste, la conducción mayoritaria de la central sindical apuesta a un plan de lucha gradual, con paros sectoriales, asambleas y movilizaciones alternadas, para culminar más adelante en una medida nacional.