La disputa entre tribunales por los bienes de Lázaro Báez, empresario vinculado a la corrupción kirchnerista, se intensifica en la Corte Suprema mientras avanzan los remates. Los jueces de Hotesur buscan frenar la venta de las últimas propiedades y maquinarias, mientras el juzgado comercial insiste en liquidar activos para saldar deudas con acreedores y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde el inicio de la quiebra de Austral Construcciones, se remataron estancias, rodados, vehículos, departamentos y edificios por más de 2.600 millones de pesos. Solo quedan por vender el obrador central de Río Gallegos y una parcela frente a él, ambos con hipotecas a favor del Banco Nación y bajo custodia de Gendarmería.
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El conflicto también involucra al Tribunal Oral Federal N°2, que reclama la restitución de 530 millones de dólares decomisados en la causa Vialidad, y al Tribunal Oral Federal N°5, que juzga a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Báez por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces. Los jueces de Hotesur proponen ceder algunas maquinarias a municipios o fuerzas armadas para utilidad pública antes de su venta definitiva.
Los remates se realizaron en múltiples localidades de Santa Cruz, Buenos Aires, Chaco y Chubut, incluyendo inmuebles de lujo, parcelas sin construcción, maquinaria vial y rodados de alta gama. Según los tribunales, los bienes fueron vendidos muchas veces por debajo del valor de mercado, lo que generó críticas sobre la estrategia de liquidación.
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Con casi todo el patrimonio de Báez en manos del juzgado comercial, la Corte Suprema deberá decidir si permite continuar con los remates o si se prioriza la utilización de los bienes restantes para fines públicos y cumplimiento de multas. Mientras tanto, el escenario judicial sigue siendo complejo y el destino de los últimos activos permanece incierto.
Fuente: La Nación.
