La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo este martes que «sigue de cerca» el proceso de selección del Fiscal General de Colombia, el cual volvió a quedar trunco la semana pasada luego de que ninguno de los propuestos por el presidente Gustavo Petro lograra los votos de la corte suprema para su designación, y pidió que ese nombramiento se realice «sin interferencias».
«Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023 (…) Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024», señaló la CIDH en un comunicado.
En el texto, difundido a través de su sitio web, la CIDH destacó que la presidencia colombiana había cumplido el 2 de agosto con el «envío oportuno» de una terna «integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo», reforzando así la idea de que las demoras no estuvieron del lado del Ejecutivo.
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La CIDH advirtió que la ausencia de un titular en la fiscalía general y la designación de personas «interinas» puede afectar a su «independencia y autonomía».
La entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estimó que «según los estándares internacionales» de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse «con transparencia y acceso a la información» y debe ser «libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas».
En esa línea, alentó al máximo tribunal de Justicia «a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible».
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Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso «culmine sin interferencias».
El organismo también se refirió al proceso de movilizaciones convocadas por Petro para exigir a la Corte Suprema de Colombia que designe a un sucesor del saliente fiscal, Francisco Barbosa, a quien el presidente acusó de querer derrocarlo.
La CIDH señaló que «el 8 de febrero se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado».
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La Corte Suprema denunció ese día un «bloqueo violento e ilegal» a su sede principal por parte de cientos de manifestantes que respondieron al llamado del presidente.
Sin embargo, la CIDH aseguró hoy que «ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas» y comentó que «la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones (judiciales), sin que se presentaran anomalías».
Sindicalistas, estudiantes e indígenas respondieron a la convocatoria de Petro para manifestarse en las principales ciudades del país, mientras los magistrados sostenían una reunión infructuosa en Bogotá para elegir al fiscal general en medio de un fuerte operativo policial.
FUENTE: TÉLAM.
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