La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por siete de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. La presentación cuestionaba la actuación de la fiscal y otros funcionarios judiciales durante las primeras horas de la investigación.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal desestimó el planteo por considerar que carecía de fundamentación autónoma y no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada.
El recurso había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. La defensa sostenía que durante las primeras indagatorias no se habían comunicado correctamente los hechos atribuidos a los detenidos ni las pruebas reunidas en su contra.
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La denuncia apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, el juez de Garantías David Mancinelli y otros funcionarios. Entre las presuntas irregularidades señaladas figuraban inconsistencias en los horarios de las actas y posibles incumplimientos de las garantías procesales. La presentación incluía acusaciones por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
El expediente recorrió distintas instancias judiciales bonaerenses antes de llegar a la Corte nacional. La denuncia había sido desestimada y las decisiones posteriores que rechazaron los recursos de la defensa fueron confirmadas en las instancias superiores. Con el nuevo fallo, se cierra este recorrido recursivo relacionado con la denuncia contra los funcionarios judiciales.
La resolución no modifica las condenas por el homicidio de Báez Sosa, asesinado a los 18 años a la salida del boliche Le Brique. En febrero de 2023, cinco acusados recibieron prisión perpetua y otros tres fueron condenados a 15 años de cárcel. En marzo de 2024, el Tribunal de Casación bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía.
