El Gobierno argentino enfrenta obstáculos legales en su intento de frenar los aumentos desproporcionados en las cuotas de medicina prepaga y garantizar la devolución de fondos a los afiliados, tras un cambio de manos del expediente por parte de la jueza Mercedes Maquieira.
La batalla legal entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga en Argentina ha sufrido un nuevo revés, con la jueza Mercedes Maquieira trasladando el caso a un proceso colectivo impulsado por ciudadanos comunes contra el decreto que permitió aumentos en las cuotas.
La Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados, lo que llevó a una situación insólita donde el propio Ejecutivo litiga junto a los afectados contra las empresas.
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El objetivo gubernamental era frenar los aumentos desproporcionados en las cuotas y ordenar la devolución de fondos indebidos, estableciendo aumentos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, varias empresas han defendido los aumentos, cuestionando la legitimidad de la SSS y argumentando que el Gobierno busca derogar judicialmente su propio decreto.
La jueza Maquieira consideró que la demanda reúne los requisitos para ser considerada como acción colectiva, destacando la tutela de los derechos de los millones de afiliados perjudicados. Esta decisión complica la situación, especialmente considerando un proceso colectivo anterior que busca la inconstitucionalidad del decreto.
La necesidad de unificar ambos procesos ante un mismo magistrado se fundamenta en la protección del bien colectivo de la salud y la evitación de contradicciones judiciales.
Fuente: NA
