El caso volvió a debatirse en una audiencia de impugnación. La acusación sostuvo que las pruebas científicas descartan un accidente y ratifican la culpabilidad.
La causa por el femicidio de Ana Alicia Calfín volvió a escena judicial con la audiencia de impugnación ordinaria realizada el 9 de abril. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal defendió el veredicto del jurado popular que condenó a prisión perpetua a Miguel Alejandro Vargas Nehuen, mientras que la defensa insistió en la hipótesis de un accidente doméstico.
Durante la audiencia, la Fiscalía reafirmó la solidez de la condena y sostuvo que el fallo del jurado es la única conclusión posible a partir de las pruebas reunidas. La fiscal Rafaella Riccono remarcó que los informes periciales coinciden en descartar un hecho accidental vinculado al uso de una salamandra, eje central del planteo defensivo.
Según la acusación, la evidencia científica resultó determinante. Los estudios forenses indicaron que las lesiones sufridas por la víctima no son compatibles con un accidente doméstico, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional. En ese sentido, desde el MPF sostuvieron que “la ciencia descarta el accidente” y apuntalaron la validez del veredicto.
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Otro de los puntos centrales fue el contexto de violencia previa. Durante el juicio se incorporaron testimonios de familiares y compañeros de trabajo que daban cuenta de lesiones recurrentes en la víctima. A esto se sumaron mensajes de texto y audios atribuidos al imputado, con contenido violento y conductas de control.
La conducta posterior al hecho también fue objeto de análisis. La Fiscalía expuso que el acusado no solicitó asistencia médica ni acompañó a la víctima, sino que permaneció en el domicilio. “No llamó a la ambulancia, no la acompañó, sino que se quedó en la casa intentando limpiar y ordenar la escena”, sostuvo Riccono. Además, se valoró su posterior fuga a Chile tras ser declarado culpable.
Por su parte, la defensa técnica cuestionó la sentencia y solicitó su revocación. Argumentó que se trató de un accidente ocurrido cuando la víctima intentaba encender una salamandra con combustible. También puso en duda la imparcialidad del jurado, al sostener que pudo haber primado la carga emocional por sobre el análisis técnico de la prueba.
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En ese sentido, el defensor destacó que, en los primeros momentos posteriores al hecho, la propia víctima habría manifestado a vecinos y personal médico que se trataba de un accidente. Esa declaración fue presentada como un elemento clave para sostener la teoría alternativa.
La audiencia también estuvo atravesada por el testimonio de los familiares de la víctima. Su hijo expuso el impacto psicológico que dejó el hecho en sus hermanos menores, mientras que el padre reclamó justicia y reafirmó la responsabilidad del condenado.
El tribunal de impugnación, integrado por Martín Zacchino, Hernán Dal Verme y Carina Estefanía, deberá resolver si confirma o revoca la condena. La decisión será comunicada el próximo 23 de abril.
Con información del MPF.
