Una pareja fue imputada por maniobras reiteradas de engaño en operaciones de compra y venta de vehículos. Investigan un perjuicio superior a los 112 millones de pesos.
La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para una pareja acusada de integrar una red de estafas vinculadas a operaciones con automotores. La investigación fue impulsada por la Fiscalía, representada por el procurador Ismael Cerda, quien formalizó los cargos tras la detención de ambos imputados en la provincia de Santa Cruz.
Según se expuso en la audiencia, los acusados no protagonizaban simples incumplimientos comerciales, sino que desplegaban una estrategia planificada para engañar a sus víctimas. La maniobra incluía generar confianza inicial mediante supuestas gestiones en concesionarias oficiales, lo que permitía validar ante terceros la existencia de operaciones en curso.
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La Fiscalía detalló que entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos cuatro hechos bajo un mismo patrón. En uno de los casos, los imputados realizaban pagos menores en agencias de Buenos Aires para aparentar trámites reales, induciendo a las víctimas a entregar dinero o vehículos de mayor valor.
Otro de los mecanismos detectados fue el uso de “vehículos mula”. Se trataba de autos obtenidos en estafas previas, que eran entregados temporalmente a las víctimas para sostener la apariencia de un negocio legítimo.
Además, utilizaban documentación como pagarés y formularios 08 firmados para dar respaldo formal a las operaciones. Sin embargo, estos instrumentos nunca eran cancelados, consolidando así el perjuicio económico. Una vez obtenidos los vehículos, los transferían rápidamente o los ocultaban para dificultar su rastreo.
La defensa solicitó la liberación inmediata, argumentando que se trataba de conflictos contractuales propios del ámbito civil. No obstante, el juez rechazó ese planteo al considerar acreditados los riesgos procesales señalados por la Fiscalía.
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Entre los fundamentos de la prisión preventiva se destacó el peligro de fuga, ya que los imputados no pudieron acreditar un domicilio real. También se valoró la gravedad del daño económico, que supera los 112 millones de pesos, y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan localizar bienes y dinero.
El magistrado sostuvo que las maniobras no respondían a actos de buena fe, sino a una “maniobra compleja” destinada a sostener el engaño. En ese marco, resolvió que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la recolección de pruebas.
La causa continuará en etapa investigativa durante el plazo legal, con el objetivo de recuperar los vehículos involucrados y profundizar el análisis de la documentación vinculada a las operaciones denunciadas.
Con información del MPF.
