La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, establecido por la Ley 27.508. Según la CEA, esta medida es preocupante debido al impacto que puede tener en la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
En un comunicado oficial, la Iglesia enfatizó que el fondo no utilizaba recursos públicos, sino bienes decomisados en casos judiciales relacionados con la trata y el lavado de activos. La administración de estos recursos estaba destinada exclusivamente a reparar los daños sufridos por las víctimas, según destacó la entidad presidida por Oscar Ojea.
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El Fondo había sido formalizado en octubre de 2021 mediante un fideicomiso de administración en colaboración con el Ministerio de Justicia y BICE Fideicomisos S.A. Su propósito era garantizar el uso efectivo de los bienes decomisados para apoyar a las personas afectadas por la trata de personas y explotación laboral.
La Iglesia también expresó su preocupación por el desmantelamiento de otros programas, como el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y el Programa de Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA), entre otros.
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Desde el ámbito eclesiástico señalaron que la medida contradice el compromiso estatal con la lucha contra la trata de personas y pidieron una revisión urgente de la decisión. En tanto, desde el Gobierno justificaron la medida bajo la necesidad de «simplificar estructuras» y eliminar fondos que consideran ineficientes.
Fuente: NA.
