La Justicia Federal investigará los ataques incendiarios a sedes de Vialidad y Turismo en Río Negro

El Gobierno de Río Negro informó que la Justicia Federal se declaró competente en la denuncia que interpuso la Fiscalía de Estado tras los ataques incendiarios perpetrados a principios de octubre en las instalaciones del predio de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche y la Oficina de Turismo de la ciudad de El Bolsón.

«Ambos fueron ejecutados coordinadamente la misma noche y tuvieron un confeso contenido violento e intimidatorio», advirtió el Gobierno rionegrino.

El 3 de octubre, entre las 21.30 y las 23.30, un grupo de personas ingresó por la fuerza a un predio de Vialidad y tras maniatar a los trabajadores que allí se encontraban, incendió la casa que se utiliza como residencia y maquinaria de trabajo.

Además, desde el Gobierno habían advertido que los autores del hecho dejaron en el lugar «una amenaza» contra la gobernadora Arabela Carreras.

Por otro lado, la misma noche fueron incendiadas las oficinas de la Oficina de Turismo de la Provincia en El Bolsón y la policía rionegrina encontró un bidón de plástico presumiblemente con combustible, al examinar el lugar.

La instrucción de la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal y también se hizo lugar al pedido de la provincia para actuar como querellante, a través de la Fiscalía de Estado provincial.

«La denuncia fue presentada esta semana por expresas instrucciones de la gobernadora Arabela Carreras y en representación del Estado Provincial», detalló en un comunicado la Gobernación.

Asimismo, se indicó que Río Negro «sostuvo enfáticamente su vocación de respeto a la diversidad cultural y el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, en un todo de acuerdo con lo normado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho de Humanos».

En ese sentido, manifestó que «el Estado Provincial dialoga institucionalmente con todas las comunidades en el marco del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de las tierras».

La Fiscalía de Estado sostuvo que «el Estado no puede tolerar bajo ninguna de sus formas los actos de violencia, ni mucho menos las organizaciones que procuran imponer sus ideas por medio del terror».

Para finalizar, se reconoció que «los hechos que se denunciaron implican, no sólo un ataque a la institucionalidad de la Nación y la Provincia, sino que además ponen en riesgo la convivencia social y la paz de todos los y las vecinas».