La Justicia federal suspendió de forma provisoria el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el cual el Poder Ejecutivo había ampliado el listado de actividades consideradas “esenciales” y, en consecuencia, limitado el alcance del derecho a huelga en distintos sectores. La medida fue tomada por una jueza en respuesta al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El decreto impugnado por los sindicatos había generado una fuerte polémica por su impacto directo en las medidas de fuerza. Al considerar más sectores como esenciales, el Gobierno obligaba a garantizar niveles mínimos de actividad durante cualquier paro, restringiendo en la práctica la capacidad de ejercer el derecho constitucional a la huelga.
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En su presentación judicial, la CGT sostuvo que el DNU era “inconstitucional”, al avanzar sobre derechos laborales sin pasar por el Congreso. La Justicia le dio la razón, al menos de manera provisoria, y dejó sin efecto la aplicación de las nuevas restricciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Desde el Gobierno no hubo declaraciones oficiales inmediatas tras el fallo, aunque en el entorno presidencial deslizaron que apelarán la decisión. El fallo judicial representa otro frente de conflicto para una administración que ya enfrenta tensiones en el Congreso y con los gobernadores, en medio de un complejo panorama económico y social.
Fuente: ámbito financiero.
