La Justicia Federal volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien además declaró inconstitucional un tramo del Decreto 759/2025.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros actores vinculados al sistema universitario. El fallo cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de condicionar la puesta en marcha de la ley a la existencia de partidas presupuestarias específicas.
La norma establece medidas vinculadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, el financiamiento de las universidades, las becas estudiantiles y los recursos destinados a investigación. Según el fallo, la propia Ley 27.795 contempla mecanismos para afrontar su financiamiento, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas y utilizar recursos provenientes de una recaudación superior a la prevista.
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Uno de los principales argumentos de Cormick fue que el Congreso había rechazado previamente el veto presidencial con las mayorías especiales previstas por la Constitución. Por ese motivo, consideró que el Poder Ejecutivo no podía volver a limitar la aplicación de la norma mediante un decreto. Para el juez, esa decisión terminó funcionando en los hechos como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional.
La resolución también señaló que el decreto cuestionado no superaba un estándar mínimo de razonabilidad. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto la condición establecida por el Gobierno y avanzar con la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. El Estado nacional todavía puede apelar la decisión ante la Cámara del fuero, por lo que el conflicto judicial podría continuar.
El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales por los recursos destinados a la educación superior. La decisión judicial obliga al Poder Ejecutivo a avanzar con las medidas previstas por la ley mientras continúa abierta la posibilidad de que el Gobierno recurra la resolución.
