Ecuador registró 430 homicidios de niños y adolescentes menores de 18 años durante los primeros ocho meses de 2026, una cifra récord que refleja el fuerte impacto de la crisis de seguridad sobre la población infantil y juvenil. El dato se produce pese a que los homicidios generales disminuyeron 6,4% en el mismo período.
La provincia del Guayas concentra casi la mitad de los asesinatos de menores, con 206 casos, equivalentes al 47% del total nacional. Dentro de ese territorio, la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, acumuló 175 homicidios y registró un incremento del 12% en las muertes de menores.
La situación se da después de un 2025 que quedó marcado como el año más violento de la historia reciente de Ecuador, con 9.216 homicidios intencionales. La cifra representó un aumento del 32% respecto de 2024 y llevó la tasa de muertes violentas a 50,91 casos cada 100.000 habitantes.
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Durante 2025, la violencia tuvo especial impacto en la provincia de Los Ríos, que alcanzó una tasa de 130,4 homicidios cada 100.000 habitantes. En ese período, los jóvenes de entre 18 y 29 años representaron unas 3.800 víctimas y los ataques fueron cometidos principalmente con armas de fuego en la vía pública.
Informes policiales y análisis especializados vinculan el aumento de la violencia contra menores con la utilización de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales. Las bandas los incorporan para tareas como vigilancia, distribución de drogas y sicariato, aprovechando su vulnerabilidad social y económica y las diferencias existentes en el régimen penal para menores de edad.
La crisis de seguridad ecuatoriana se profundizó desde 2024, cuando el país registró una tasa de homicidios de 38,80 cada 100.000 habitantes y el Gobierno declaró un “conflicto armado interno” para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, aunque la militarización y los estados de excepción contuvieron algunos episodios de violencia extrema, el delito se desplazó hacia economías criminales como la extorsión y las denominadas “vacunas”, además de mantener focos de violencia en zonas costeras y áreas vinculadas con la minería ilegal.
Fuente: Telesur.
