Los fiscales solicitaron al TOF 2 avanzar sobre propiedades, vehículos y cuentas bancarias para cubrir los $684.990 millones fijados como monto actualizado del decomiso en la causa Vialidad.
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la ejecución de la sentencia firme dictada en la causa Vialidad. Entre los bienes mencionados figura el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el pedido incluye el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas vinculadas a Báez—, además de 46 automotores y diversas sumas de dinero. Entre ellas, US$4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 en una caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24 en moneda nacional.
En su presentación, los fiscales remarcaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de reparación por la “defraudación colosal a la Administración pública”, pero señalaron que hasta el momento “no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo venció hace meses.
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Luciani y Mola sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme” y consideraron que esa actitud evidencia “falta de arrepentimiento” y constituye “una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
El planteo se produce en una etapa clave del proceso, luego de que a fines del año pasado se conociera que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes decomisados, tras un pedido en ese sentido del TOF 2. La medida alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito o como activos incorporados durante el período investigado, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos que posteriormente fueron ratificados por la Corte Suprema. Con este nuevo pedido, la Fiscalía busca avanzar en la ejecución concreta de los bienes para cubrir la suma establecida en la sentencia definitiva.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Ushuia Noticias
