La fiscalía sostiene que el acusado actuó fuera de los protocolos y causó lesiones gravísimas durante una manifestación frente al Congreso en 2025.
La Justicia avanzó en la causa por el ataque al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo y solicitó que el gendarme imputado sea llevado a juicio oral. El hecho ocurrió durante una protesta en marzo de 2025 frente al Congreso, en el marco de una movilización en defensa de los derechos de los jubilados.
El pedido fue formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien acusó al cabo primero Héctor Jesús Guerrero de haber actuado de manera antirreglamentaria. Según la investigación, el efectivo habría disparado una pistola lanza gases en forma horizontal, lo que derivó en graves consecuencias para la víctima.
De acuerdo con el expediente, entre las 17:05 y las 17:25 del 12 de marzo, el gendarme realizó al menos seis disparos sin que existiera una situación de agresión directa. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza del reportero gráfico, quien se encontraba agachado tomando imágenes a unos 47 metros del cordón de seguridad.
A raíz del impacto, Grillo fue trasladado de urgencia al hospital con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Debió ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y, según los peritajes médicos, presenta un deterioro cognitivo que podría dejar secuelas permanentes.
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Para la fiscalía, el accionar del imputado configuró un uso ilegítimo de la fuerza. En el requerimiento, se remarca que Guerrero contaba con formación específica y conocimiento de los protocolos, pero aun así habría incumplido las normas básicas, como disparar en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños directos.
El dictamen también sostiene que los disparos fueron efectuados en un contexto en el que los manifestantes ya se encontraban en retirada y no representaban una amenaza. En ese sentido, se consideró que la conducta del efectivo fue desproporcionada y generó un riesgo concreto para la integridad física de las personas presentes.
Además, el Ministerio Público Fiscal subrayó que existen múltiples pruebas —entre ellas registros audiovisuales y peritajes— que respaldan la acusación y confirman la autoría material del hecho. También descartó los argumentos de la defensa sobre la falta de intención de causar daño, al considerar que el acusado conocía plenamente las posibles consecuencias de su accionar.
