La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre, tras detectar incumplimientos y anomalías en el proceso electoral. El tribunal ordenó retrotraer el procedimiento hasta la etapa de presentación de listas y avales.
La resolución fue dictada por la Sala I en una causa iniciada por la Lista Negra contra la organización sindical. La Cámara consideró que las irregularidades señaladas en una resolución anterior del 17 de septiembre persistieron y se agravaron, por lo que concluyó que los comicios no podían realizarse bajo las condiciones previstas.
El tribunal dispuso que las elecciones se realicen el jueves 17 y viernes 18 de diciembre de 2026, manteniendo los lugares y horarios establecidos en la convocatoria original. La Junta Electoral Central deberá publicar la nueva fecha dentro de las 24 horas de ser notificada.
MIRÁ TAMBIÉN: El Gobierno acordó extender por 20 años la licencia de Metrogas
Uno de los principales puntos cuestionados fue la confección de los padrones. La Cámara detectó 2.870 exclusiones registradas entre junio y el 24 de agosto bajo la causal genérica de “Cese Laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación laboral, un dato relevante para determinar la continuidad de la afiliación y el derecho a votar.
También fueron observadas diferencias en la cantidad de electores asignados a las mesas. Según el padrón analizado, había 494 mesas con 61.664 electores, mientras que algunas superaban los 600 votantes y otras tenían cantidades muy reducidas. Para la nueva elección, la Justicia estableció que ninguna mesa podrá superar los 600 electores.
Además, la Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial para controlar el desarrollo del proceso y acceder a documentación, sistemas, padrones, oficialización de listas, distribución de mesas, boletas, acto electoral y escrutinio. La Junta Electoral continuará en funciones, pero deberá rehacer las etapas alcanzadas por la decisión judicial bajo las nuevas pautas de control.
