La causa de la Manada del Chubut vuelve a foja cero. Y por las expresiones de la doctora Heredia, intentarán sostener en el juicio oral y público contra tres de los imputados originalmente la calificación original de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas».
La de abuso sexual simple que el fiscal Fernando Rivarola intentó establecer al propiciar un acuerdo entre la víctima y sus víctimarios, quedó atrás en el proceso.
«Nos hemos constituido como querellantes en la causa y hemos sido autorizados por el juez. Nuestro objetivo es avanzar a un juicio oral y público lo antes posible», indicó Heredia.
«La víctima puede constituirse o no como querellante, en este caso decidió hacerlo y por lo tanto es la primera vez que tiene asesoramiento legal. Asumí la asistencia a partir de haber conversado con ella, solicitamos la constitución como querellantes el 4 de septiembre y fuimos aceptados el pasado lunes 28», explicó la reconocida letrada, que llevó adelante la causa por la desaparición de Santiago Maldona en representación de su familia.
«Son delitos terribles y las víctimas son sobrevivientes, es lo más aberrante que le puede pasar a una mujer, a las niñas, la propia ley establece que las mujeres sufren con mayor crueldad este tipo de delitos. Llevar adelante un proceso de estas características es muy difícil. Y para poder sostenerlo en el tiempo y sobrellevar su vida deben ser acompañadas, asesoradas legalmente y acompañadas en todos los sentidos», enfatizó Heredia.
«Cada víctima tiene su tiempo, y ella ha decidido, asesorada legalmente, constituirse como querellante y avanzar en un juicio oral y público», remarcó.
Respecto de la etapa anterior en la causa, en la que se intentó un juicio abreviado con una calificación menor, consideró que «eso fue un acuerdo entre el fiscal y entre los abogados de los imputados, aunque tres de los implicados no quisieron avanzar, esto ha quedado atrás y ahora avanzamos con el juicio oral y público».
«Hemos imputado a tres personas y esto de público es relativo porque el propio código contempla resguardos para las partes, sobre todo para las víctimas», precisó.
«Las calificaciones en este momento son provisorias, falta ajustar los hechos, la calificación, incluso la expectativa de pena, hasta pasado los alegatos finales del juicio. Pero nosotros estamos hablando de delitos aberrantes que tienen las mayores penas del Código Penal, las que rondan los 50 años», fundamentó la abogada.
«Como está el proceso, la Provincia, los plazos y las dificultades del Poder Judicial en torno al Covid será un juicio que quedará para el año que viene. Estamos transitando el proceso para pedir el juicio, se tiene que mantener el juez y avanzar en las pruebas que hemos ofrecido. Concretamente falta la audiencia preliminar para establecer la acusación concreta», especificó.
«Las pruebas son peritajes que la víctima no pudo ofrecer porque no formaba parte del proceso como querellante», reveló Heredia.
Sobre la actuación del fiscal Fernando Rivarola, analizó que «ahora queremos avanzar, lo cierto es que ella, más allá de lo que haya dicho y hecho el Ministerio Público Fiscal, ahora queremos un juicio respetuoso, que el Poder Judicial, el Ministerio Público y las defensas sean respetuosas de los derechos y la dignidad de las personas».
«El Ministerio ha utilizado expresiones, que incluso han sido justificadas por los propios defensores de los imputados alegando que están en los manuales, pero son manuales del siglo pasado, como lo del desahogo sexual», criticó Heredia.
«Son manuales que responden a una concepción de la honestidad de los imputados, pero ahora se protege la integridad. Que el sí de la mujer no se presuma, que no sea el varón el que decida cuando una mujer dice que sí y hasta donde dice que sí, esa concepción se contrapone con el desahogo sexual y con los manuales de la edad media que se siguen reproduciendo», replicó.
Sobre la decisión de la Procuración General de designar a las fiscales María Bottini y Andrea Vázquez en lugar del cuestionado Fernando Rivarola, la letrada analizó que “nos parece correcto, aunque no hemos tenido nada que ver. Sí confiamos en que ellas tengan una concepción y un lenguaje diferentes”.
“Ella tuvo que irse de la Provincia, es triste, pero lo primero aberrante fue el hecho, y después las consecuencias para la víctima, y no tener este acompañamiento, que son las responsabilidades del Estado, en especial de las instituciones judiciales”, endilgó.
«Cuando asumo como querellante había tres imputados, las otras habían sido desafectadas del proceso penal», aclaró Heredia.
“Ningún de estos tres imputados quiso suscribir el juicio abreviado, por eso por la manda del propio Código Procesal Penal hay que dejar sin rastros el proceso de ese momento y vamos hacia el juicio oral, lo que pasó antes ya pasó”, insistió.
HACER DESAPARECER LA DESAPARICIÓN
En otro sentido, consultada sobre la causa de la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires, en la que también patrocina a la familia de la víctima, señaló que «las fuerzas federales y provinciales cumplen órdenes de los poderes políticos, el caso de Facundo debe ser investigado como una desaparición forzada seguida de muerte».
«Con la aparición del cuerpo, se pretende hacer desaparecer la desaparición, aunque parezca un trabalenguas. Estamos acompañando a su madre porque es muy difícil enfrentarse al poder», justificó.
«Estamos hablando de los mismos hechos, la violencia desplegada por el poder hacia personas en condiciones vulnerables», expuso Heredia.
