UNICEF, UNODC y UNFPA consideran que la norma viola la Convención sobre los Derechos del Niño y no reducirá la criminalidad en el país.
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Lima, 12 de mayo de 2025 – Diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron este lunes al Gobierno de Perú la derogación de la Ley 32330, recientemente promulgada por el Ejecutivo, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años para delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado.
El llamado fue formulado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que en un comunicado conjunto expresaron que la norma contradice los compromisos internacionales del país andino. “Instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada”, señalaron, y pidieron fortalecer el sistema de justicia juvenil como respuesta más efectiva a la inseguridad.
Las agencias argumentaron que esta legislación es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual reconoce que los adolescentes deben recibir un tratamiento diferenciado en el sistema judicial. Además, subrayaron que el 98 % de los delitos en Perú son cometidos por adultos, por lo que penalizar a menores no impactará de manera significativa en la reducción de la criminalidad.
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El comunicado también advierte sobre el riesgo de que adolescentes sean encarcelados junto a adultos, lo que podría potenciar su vinculación con el crimen organizado en lugar de rehabilitarlos.
El rechazo a esta norma no solo proviene de organismos internacionales. En Perú, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han pronunciado en contra de la ley, alegando que vulnera la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Desde el Congreso, sin embargo, se defendió su aprobación bajo el argumento de que muchas bandas criminales utilizan a menores para cometer delitos graves.
La norma, impulsada principalmente por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, marcando un giro punitivista en la política criminal del país.
Fuente y foto: EFE
