Nuevas disposiciones exigen a bancos e instituciones financieras aplicar controles más estrictos y declaraciones juradas para mitigar riesgos asociados a corrupción y lavado de activos.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció la actualización de las normativas sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), en línea con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas medidas buscan reforzar la debida diligencia en el sistema financiero, previniendo delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El nuevo marco normativo amplía la definición de PEP, incluyendo no solo a funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal, sino también a sus familiares y asociados cercanos. Según el Boletín Oficial, las instituciones financieras ahora deberán solicitar a sus clientes declaraciones juradas para confirmar si tienen esta condición, tanto al inicio de la relación contractual como en caso de modificaciones en su estatus.
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El monitoreo continuo será obligatorio, exigiendo a los sujetos obligados—como bancos e instituciones financieras—identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Además, se implementarán controles más estrictos para las PEP, que incluyen un análisis detallado del origen de los fondos y el propósito de las transacciones realizadas.
Estas disposiciones son clave para prevenir que personas con acceso a posiciones públicas prominentes utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas. La UIF enfatizó que estos cambios forman parte de un esfuerzo más amplio para cumplir con estándares internacionales y asegurar la transparencia del sistema financiero argentino.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Diario La Capital de Mar del Plata
