El empresario Lázaro Báez dejó la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos y fue trasladado a Buenos Aires, tal como lo dispuso el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, Néstor Costabel, a solicitud del juez federal Claudio Vázquez. La medida se concretó por motivos de salud, en medio de un proceso judicial y la apelación de un hábeas corpus.
La familia y la defensa de Báez denunciaron que no fueron informados previamente sobre el traslado. Su esposa, Claudia Insaurralde, declaró: “Había hablado con él por teléfono unas horas antes y nadie nos dijo nada. Estábamos desesperados”. Los abogados defensores destacaron que la medida se ejecutó mientras aún estaba vigente un recurso judicial que cuestionaba la decisión de mover al interno.
El empresario presentaba episodios de sangrado y posibles complicaciones intestinales, motivo por el cual se ordenó su traslado a un centro penitenciario en Buenos Aires. El operativo se realizó en secreto y por vía aérea, debido a que el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado hasta diciembre.
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El Servicio Penitenciario Federal justificó la medida por razones logísticas y de seguridad, asegurando que la Unidad 15 estaba cumpliendo con las condiciones necesarias para atender la salud de Báez, lo que llevó al rechazo del hábeas corpus presentado previamente por su defensa.
Durante la mañana del sábado, los abogados Nicoletti elevaron un escrito urgente solicitando información sobre el paradero del empresario, destacando la falta de comunicación oficial y el riesgo para su integridad física y médica. Ante la ausencia de respuestas, la familia recorrió hospitales y clínicas de Río Gallegos sin obtener novedades.
El traslado de Lázaro Báez genera un nuevo capítulo de incertidumbre en su situación judicial y de salud, mientras se mantiene la atención sobre su estado físico y la coordinación entre los tribunales y el Servicio Penitenciario Federal.
Fuente: La Opinión Austral.
