Virginia Spera, integrante del Consejo Municipal de Discapacidad de Puerto Madryn se refirió a la flamante Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad aprobada el jueves pasado en el Senado y explicó que “significa tapar el bache que tenemos, por no revisar la vieja ley de discapacidad”.
La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas.
Spera contó que dicha ley contempla “temas laborales, se busca actualizar los sueldos de, por ejemplo, talleres protegidos”. El objetivo de esta ley es garantizar las obligaciones del Estado asumidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.
MIRÁ TAMBIÉN: Convocan a reunión para coordinar actividades en el Rewe de Trelew
Además, la normativa aborda “temas en salud, que en discapacidad es vital, en cuestiones sobre pensiones también. Hoy por hoy tenemos las auditorias que están haciendo” expresó la activista en cuestiones de personas con discapacidad, y agregó “lo que se aprueba es una ley que ampara estos ajustes. Los ajustes en la remuneración a los profesionales, que atienden a las personas con discapacidad”.
Claves de la Ley
Financiamiento de pensiones: disponer el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
Apoyo a prestadores: fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y de la seguridad social. Esto incluye la condonación de intereses y multas, y la refinanciación de planes de pago.
Actualización de aranceles: implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, una de las demandas centrales del sector.
Financiamiento de la ANDIS: asegurar los fondos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas.
Empleo protegido: garantizar el cumplimiento de la Ley 26.816 de Empleo Protegido, con la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
