La denuncia se radicó en Puerto Madryn y está relacionada con el video del diputado provincial del Pro, Sebastián López, en el que pedía dinero para hacer “lobby” en favor de la megaminería. En este sentido, López denunció al referente del Pro y diputado nacional Ignacio Torres, por haberlo presuntamente extorsionado.
López: «La rosca la hago de manera profesional»
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía madrynense, la Justicia abrirá una investigación por las presuntas “amenazas agravadas” que denunció haber recibido López por parte de Torres.
Según expuso el legislador provincial que ahora integra el unibloque “Integrando Chubut”, previo a la difusión del video recibió amenazas por parte de “Nacho” Torres quien exigía que cambie su postura en la Legislatura y no avale el proyecto de “zonificación” del Gobierno provincial ya que si no lo hacía difundirían el video en cuestión.
Según el propio López, las imágenes corresponden a una conversación de 2018 que él mantuvo y donde ofrecía a hacer “lobby” en favor de la megaminería a cambio de dinero, remarcando que en ese momento él no era diputado y “buscaba abordar inversiones en la Provincia”.
Según López, el inicio de la situación se dio luego de una asamblea del Pro Chubut en la que se debatieron las posiciones en torno al proyecto 128/20. Asegura que, cómo su postura es a favor, comenzó a recibir mensajes y amenazas por parte de la dirigencia del Pro.
Incluso asegura que uno de sus asesores “fue visitado en su domicilio particular, sin invitación previa, en horas de la noche por el propio Torres, donde le mostraron el video y le dijeron que ‘era muy comprometedor’ y que ‘si llegaba a salir a la luz sería el final de mi carrera política’”.
Para ello le pedían que vote en contra del proyecto pero como López no cambió su postura, según su denuncia, realizaron la difusión del video, que fue publicado inicialmente en medios nacionales.
Vale recordar que tras la difusión del video, la cúpula del Pro encabezada a nivel local por Torres, denunció a López y esa causa judicial tramita en los Tribunales Federales.
La investigación que se abrirá ahora, será por el delito de “amenazas agravadas”, ya que “las amenazas tenían como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, señala el Código Penal.
