Cuatro de los cinco identificados por la Policía tras el ataque al canal trabajan en organismos públicos bonaerenses. Uno fue viceministro de Wado de Pedro y otro es funcionario del gabinete de Axel Kicillof.
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A tres días del violento ataque al edificio de Artear en Buenos Aires, nuevos datos revelan que al menos cuatro de los cinco militantes de La Cámpora identificados por la Policía de la Ciudad ocupan altos cargos en el Estado con sueldos que superan los dos millones de pesos mensuales. El incidente, que incluyó destrozos en la recepción, vehículos y vidrios del canal mientras se transmitía en vivo, ya generó una fuerte reacción judicial y política.
Entre los principales implicados se encuentra José Lepere, exviceministro del Interior de Wado de Pedro y actual asesor de la Cámara de Diputados bonaerense. Su contrato es de tiempo completo e indeterminado, y percibió en mayo un sueldo de $5.089.623,45. Lepere fue captado por cámaras de seguridad entrando al edificio con una botella en mano y acompañado por otro manifestante con un neumático.
También fueron identificados Facundo Lococo y Rubén Ezequiel Pavón, ligados al concejal Juan De Bandi (Unión por la Patria), con contratos similares en la Legislatura bonaerense. Lococo cobra $2.393.567,60, mientras que Pavón percibe $1.317.344,67, pese a tener además un cargo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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El cuarto identificado es Matías Sebastián Federici, director de Estadística Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, designado por el ministro Juan Martín Mena. Su salario mensual asciende a $2.546.476,98, y es parte del gabinete de Axel Kicillof.
El único detenido hasta ahora, Alberto Enrique Alejandro Grasso, exempleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), fue liberado por no contar con antecedentes. Fue despedido de su cargo tras su vinculación con el hecho.
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La investigación sigue abierta y, según fuentes oficiales, se espera la identificación de un sexto integrante, también con cargos jerárquicos en La Cámpora. Paralelamente, la Justicia analiza denunciar de oficio a la agrupación por apología del delito e instigación a la violencia, debido a publicaciones en redes sociales tras el ataque, donde se compartieron imágenes del vandalismo con leyendas como “Sumate a militar”.
Mientras tanto, Lepere convocó a una nueva movilización en Almirante Brown, su territorio político, en respaldo a Cristina Kirchner. En este contexto, crece la presión pública sobre el uso de recursos del Estado por parte de militantes implicados en acciones violentas.
Fuente: TN
Foto: Archivo
