Por HerreHache
Bocas cerradas y misterios en torno a allanamientos a empresarios y empresas pesqueras en el marco de una pesada causa que investiga un juez federal porteño. Rawson y Trelew como escenarios. Qué se investiga y los involucrados. La carátula de la causa y las consecuencias de las acusaciones. El senador que cree en los ovnis.
“El silencio nunca está vacío, siempre está lleno de respuestas”. Este anónimo que apareció en algún lado, en algún siglo pasado resume la fuerza del silencio. Si se lleva a un lenguaje más coloquial puede traducirse en aquello de que “en boca cerrada no entran moscas”. Bien puede el silencio regular las emociones o representar una pausa musical en el sentido más profundo y hasta pasivo o bien puede convertirse en un pacto, en el que nadie dice nada, en el que nadie habla.
Y de esto último ha sido testigo la comunidad de Chubut cuando de pronto una información comenzó a correr por los portales informativos, sobre todo aquellos que se dedican a informar, analizar y desmenuzar el sector pesquero, los que generalmente tienen información de primera mano.
Todo comenzó cuando en un hecho que nadie vio pero que todos conocían y por orden de un juez federal se detuvo a un funcionario de Migraciones con sede en Rawson y al mismo tiempo se realizaban decenas de allanamientos tanto en la ciudad capital como en Trelew en una causa cuyo expediente lleva el número 289/2026 caratulada “Ezequiel Jaroslawsqui y otros” sobre infracción a las leyes 22415 y 27430 del Código Aduanero y el Régimen Penal Tributario y al artículo 303 del Código Penal.
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¿De qué se trata? Este último pena las conductas de convertir, transferir, administrar vender, gravar, adquirir, disimular o poner en circulación en el mercado bienes o activos provenientes de un ilícito penal para darles apariencia de licitud. Tiene como pena una prisión de entre 3 y 10 años y una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación.
La ley 22415 del Código Aduanero regula el ingreso y salida de mercaderías del territorio nacional, fija régimen de aranceles y prohibiciones y establece las penalidades por infracciones y delitos aduaneros, como el contrabando. La pena es de 2 a 10 años. Algo similar y que tiene que ver con la evasión al fisco expresa la ley 27430 la que impone una pena de 2 a 6 años de prisión.
Por eso no extrañó que las decenas de allanamientos ordenados por el juez federal Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires involucraran no solo al funcionario de Migraciones sino también a empresas y empresarios de la pesca. Con la sorpresa que la mayoría opera desde el Puerto de Rawson, es decir están estrechamente ligados a la Flota Amarilla que tanto dio que hablar en los últimos tiempos con sus reclamos, presentaciones ante la justicia y críticas a lo más alto del poder político. Los allanamientos no solo fueron realizados a sectores de la pesca también a vinculados a la estiba y la logística pesquera.
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Los mencionados allanamientos fueron realizados por personal de la Gendarmería Nacional, rodeados de silencios y misterios y blindados de tal manera que no solo no salieron a la luz de manera inmediata, sino que hubo que recurrir a fuentes poco frecuentes para intentar, al menos, saber de qué se trataban.
Este blindaje no es nuevo en el sector pesquero siempre y cuando la información no los beneficie. Son verdaderos socios en el silencio cuando la cosa viene “media torcida” y cómo en algunos casos ya revelados por esta columna se convierten en grandes simuladores.
Pero nada es eterno. Y entonces comenzaron a brotar como agua de manantial nombres de empresarios y de empresas involucrados en la investigación del juez Yadarola. A saber:
Empresarios y profesionales: Raúl Matías “Tato” Cereseto, Sergio Gustavo Pantano, Rafael Alejandro Suárez, Ezequiel Alberto Jaroslavsky, Raúl Horacio Cereseto y Claudio Alejandro Gallo, además de los contadores públicos Leonardo Alberto Chiachio (de Trelew), Pamela Beatriz Solar Toro (de Buenos Aires) y Patricia Ferrara (de Mar del Plata).
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Y las empresas (casi todas vinculadas a los empresarios investigados): Scarico SRL, Talita Kum SRL, RV SA, Estibajes Suarmo SA, Pesquera Hemos Triunfado SA, Pesquera Anave SA, Pesquera Virgen de Itatí SRL, Melimar SA, Camaronera Patagónica SA, Suarmo SA, Ponte Decimo SA, Don Gerónimo SRL, Servi Port SA, Las 3 M SRL, Bairespack SA, Cedife SA, Logport SA, Transportes Javier SRL y Sintermetal SAIC.
También se allanaron otras oficinas y galpones. Entre estos últimos, uno ubicado en Rawson y perteneciente presuntamente a un sindicalista quien no se encontraba en el lugar. Sí estaba un empleado. Este allanamiento dio resultado negativo, según pudo constatar esta columna. Las medidas -de acuerdo a lo publicado por el sitio Portal de Pesca- incluyeron el secuestro de documentación contable, financiera, bancaria, societaria y digital, además de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
La orden, además, habilitó a las fuerzas intervinientes a requisar oficinas, locales, construcciones y demás dependencias vinculadas a los investigados.
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Y al secuestro de documentación en soporte papel y digital, incluyendo libros contables, registros societarios, archivos informáticos, discos de respaldo, resúmenes bancarios, comprobantes de operaciones comerciales, documentación aduanera y dispositivos de almacenamiento como notebooks, tablets, discos externos y pendrives.
Un movimiento difícil de pasar inadvertido hasta para el más distraído de los vecinos. Sin embargo, todo se realizó bajo un estricto secreto, sin filtración alguna y con un supuesto pacto de silencio entre ejecutores y ejecutados.
La medida del juez federal Yadarola tuvo repercusión limitada en algunos medios nacionales, pero si, como quedó dicho, fue profusa en los numerosos portales especializados en pesca que conviven en las redes. Al parecer todo comenzó con una información anónima. Es de hacer notar que, por una cuestión de jurisdicción y otros motivos no muy explicados, el juez Yadarola se declaró incompetente en algunos de los delitos supuestamente cometidos por lo que pasaron a manos del juez federal de Rawson Gustavo Lleral, lo que significa que será más fácil encontrar una mojarrita viva rodeada de tiburones que información sobre el caso.
Hay que destacar también que los allanamientos y todas las medidas dictadas por el juez federal se llevaron a cabo en los días previos al feriado largo del lunes 25 de mayo por lo cual, con el fin de semana de por medio todo se fue diluyendo en cuanto a la información que podía recabarse.
Así las cosas, un hecho de una gran magnitud, de relevancia judicial impensada y de montos de dinero difíciles de cuantificar ha quedado por ahora inscripto en la historia reciente de la justicia. Habrá que ver hasta donde se podrá saber cómo sigue. Pero como aquel anónimo respecto a que “el silencio nunca está vacío, siempre está lleno de respuestas” también puede decirse que para los involucrados bien puede caber aquello de que «la palabra es plata y el silencio es oro» antiguo proverbio oriental que tan bien define el o los motivos por los cuales nadie de los involucrados salió a defenderse, a decir palabra alguna.
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NADA SE PIERDE. Un senador peronista de Entre Ríos se subió al furor mundial por los extraterrestres y propuso la creación de un registro oficial de ovnis. Aunque el registro de ovnis no aparece en las encuestas entre las principales preocupaciones de los argentinos, como la inflación o el desempleo, el legislador Víctor Sanzberro presentó un proyecto para que los entrerrianos puedan dejar sentados sus avistamientos.
La idea de Sanzberro es crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) para «recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados».
«Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización», argumenta Sanzberro en su proyecto. En ese sentido, el PRFA contemplaría la reserva de identidad de los informantes «para evitar cualquier estigma».
LA FRASE. «No me digas que la gente no llega a fin de mes porque hace dos años estaba peor». (Ministro de Economía Luis Caputo durante su exposición en el Latam Economic Forum). Clinc, caja.lSO
