Por HerreHache
Las vergonzosas “ayudas” que recibieron los ex intendentes de Comodoro Rivadavia Carlos Linares y Juan Pablo Luque y el actual Othar Macharashvili para no hacer público su patrimonio actual. ¿Por qué los esconden?. Una ofensa para la democracia. Taboada y un juicio que echa por tierra su mensaje de buen pastor. Y una frase que no hay que olvidar.
La presentación y difusión de las declaraciones juradas de quienes ocupan u ocuparon cargos públicos parece provocar una especie de urticaria (picazón en la piel que puede ser provocada por factores físicos, estrés emocional o sudoración) cuando a alguien se le ocurre que se hagan públicas. Si bien las leyes en vigencia, sobre todo la de acceso a la información pública permiten que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ellas, los órganos responsables de brindarla exhiben en la mayoría de los casos razones totalmente irracionales para negarla.
Está claro que las decisiones de esconder declaraciones juradas son políticas. Y son los políticos los que obligan a esconderlas lo que contradice todo derecho democrático de la ciudadanía de conocer cuál era el patrimonio de un funcionario de la democracia cuando asumió su mandato (sea cual fuere) y cuál cuando lo finalizó.
A nivel nacional, el caso Manuel Adorni es un claro ejemplo de lo que ocurre en circunstancias como estas. Salvo que Adorni hizo conocer lo que tenía y lo que tiene con tantas inconsistencias que armó un rompecabezas que ni él sabe como armar.
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La pregunta que nace en todo este jeroglífico de situaciones que se han generado en nuestra provincia en reiteradas oportunidades es por qué alguien que ejerció la función pública durante determinado tiempo no quiere mostrar su patrimonio, el de antes y el de después si es que ha ejercido con honestidad y transparencia la función pública para la cual fue elegido. En definitiva y en criollo demostrar que no metió las manos en la lata.
En general, y a pesar de las leyes en vigencia, las declaraciones juradas se encuentran blindadas y si bien son resguardadas en sobre cerrados y lacrados eso tiene que ver con la seguridad de que nadie podrá acceder a ellas para modificarlas. No para que ese lacrado sea cómplice de cosas que ciertos intérpretes no quieren que se conozcan.
“La transparencia en la gestión pública no es una concesión de los funcionarios ni un privilegio del periodismo: es un derecho de todos los ciudadanos. Cuando el acceso a la información encuentra obstáculos, lo que está en juego no es un expediente, sino la calidad de la democracia.
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La transparencia no debilita a quienes gobiernan; los fortalece. Un funcionario que exhibe su patrimonio transmite confianza. Una administración que abre sus datos gana legitimidad. En cambio, la opacidad alimenta sospechas incluso cuando no existe ninguna irregularidad. El silencio, muchas veces, termina generando más dudas que las respuestas”.
Las frases pertenecen al periodista Sergio Caviccioli quien presentó ante el Tribunal de Cuentas Municipal un pedido para tener acceso a las declaraciones juradas de los ex intendentes de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (2015 – 2019); Juan Pablo Luque (2019 – 2023) y Othar Macharashvili (diciembre 2023 – actualidad).
Con una exacerbada defensa del misterio que las declaraciones juradas deben ostentar y hasta usando términos en latín, el abogado patrocinante del municipio, el reconocido letrado comodorense Miguel Díaz Vélez echó por tierra el pedido del periodista. Siguiendo la línea del letrado, también negó la difusión de los patrimonios, el Tribunal de Cuentas del municipio que integran el contador Pablo Francavilla, el ingeniero Mauricio Escoda y la profesora Marcela Villacorta.
La negativa de los integrantes del mencionado tribunal cobra aún mayor gravedad teniendo en cuenta que son elegidos por el voto popular, el que debieran respetar a ultranza sobre todo cuando un ciudadano (sea periodista, trabajador del petróleo, carpintero o ama de casa) pide saber con que patrimonio ingresó un funcionario y con el cual se retiró de sus funciones. Más antidemocrático no se consigue.
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Pero Caviccioli no se dejó vencer por este tipo de triquiñuelas, ante esta “incongruencia constitucional” como él mismo la llama, sino que presentó un amparo que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Esquel, a cargo de la jueza Cecilia Vallejos. Y por primera vez en la historia de la provincia y de Comodoro Rivadavia fue admitido un amparo para conocer el patrimonio de los intendentes antes mencionados. Los de mandato cumplido (Linares y Luque) y del actual jefe comunal Othar Macharashvili.
Vallejos estuvo algunos días de vacaciones y ni bien regresó encontró un juzgado repleto de causas. Como corresponde, productores de Radio 3 intentaron un contacto con la funcionaria judicial quien, por el momento no quiso hacer declaraciones. Y es lógico. Sabiendo que sus alrededores están rodeados de tiburones hambrientos, todo lo que diga Vallejos podría ser usado en su contra en el futuro.
La jueza Cecilia Vallejos declaró formalmente admisible el amparo, argumentando que el acceso a la información es un derecho esencial. Ordenó a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que responda a la demanda en un plazo de cinco días.
Aunque el fallo todavía no obliga a entregar los documentos de manera inmediata, representa un gran avance. De prosperar, sentará un precedente clave para la transparencia, obligando a hacer pública la evolución patrimonial de quienes ejercieron cargos en la ciudad durante los últimos años.
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Esta decisión judicial inédita en la provincia, marca un antes y un después en la costumbre existente de blindar a los funcionarios y ex funcionarios, muchos de los cuales se sospechan enriquecidos en la función pública y hasta ahora en Comodoro Rivadavia no existía ninguna posibilidad de que se abrieran el patrimonio de los funcionarios al conocimiento público.
De por qué Linares, Luque y Macharashvili no quieren mostrar sus patrimonios los deja bajo un amplio manto de sospecha. Los convierte en los sospechosos de siempre, porque es habitual que funcionarios públicos tanto los nombrados como tantos otros nieguen ofrecerle a la comunidad la certeza de haber ejercido sus cargos con la honestidad y transparencia que a través del voto les confiaron.
¿Tendrán algo que ocultar? ¿No coincidirán sus bienes con sus ingresos como simples funcionarios públicos? ¿No podrán justificar el patrimonio? ¿Cuál será la verdadera causa por la cual un abogado prestigioso y tres integrantes del Tribunal de Cuentas, abrieron un abanico de palabras para justificar lo injustificable?.
Hay que recordar todo esto porque quienes hoy ocultan mañana saldrán por las calles y las casas a hacer promesas intentando volver a ser elegidos, hablando de su honestidad y de la transparencia con una locuacidad digna de ilusionistas.
Cierta vez, un candidato llegó a un pequeño pueblo, reunió a todos los habitantes y les preguntó cuáles eran sus mayores necesidades. Dijeron que tres cosas. Las dos más esenciales eran un hospital y médicos. El candidato tomó su celular, habló unos minutos, se volvió hacia la gente y dijo que ya estaba todo solucionado. Que si lo votaban tendrían en 24 horas, el hospital y los médicos.
Preguntó cuál era la tercera necesidad. Y le dijeron: “Necesitamos señal de celular porque este pueblo no tiene”.
NADA SE PIERDE. Este lunes se hará la audiencia preliminar sobre el caso del “vacunatorio VIP” en la sede del Sindicato de Camioneros durante la pandemia del Coronavirus. Es el paso previo a lo que será el juicio oral a los imputados. Son 16 en total. Entre ellos, el secretario general del mencionado gremio, Jorge Taboada, un ferviente defensor de las injusticias, de los jubilados, del pan y del trabajo. Claro, en aquel entonces cuando las vacunas escaseaban y la gente se moría todas esas “virtudes” pasaron a segundo plano. Ahora, será la justicia la que deberá decidir.
LA FRASE. «No quiero dar una mala noticia… Pero acaba de morir el papá de Messi. Entonces Messi se va a tener que volver»(Florencia Peña en El show del Verano del streaming Luzu TV en pleno desarrollo del mundial de fútbol. Noticia falsa. No olvidar).
