En un giro clave para resolver una de las mayores crisis de salud pública en la historia reciente de Estados Unidos, los 50 estados aprobaron el nuevo plan de Purdue Pharma para saldar miles de demandas por su rol en la epidemia de opioides. La empresa, fabricante del potente analgésico OxyContin, buscará ahora el visto bueno judicial para que las víctimas y entidades afectadas voten el acuerdo.
El plan propone que la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica, pague hasta US$7000 millones en 15 años. Estos fondos se destinarán, en su mayoría, a gobiernos estatales y locales para luchar contra la adicción, aunque más de US$850 millones podrían ir directamente a víctimas individuales. El juez de quiebras Sean Lane celebrará una audiencia clave en noviembre para decidir si el acuerdo se implementa definitivamente.
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A diferencia de pactos anteriores, esta versión no protege a los Sackler de futuras demandas si los afectados deciden no aceptar el acuerdo. La Corte Suprema había bloqueado una versión previa por otorgarles inmunidad, pese a que ellos no se declaraban en bancarrota. En este nuevo escenario, podrían ser demandados de forma individual.
El acuerdo representa uno de los más grandes de la década en relación a la crisis de opioides, una epidemia que causó decenas de miles de muertes desde el lanzamiento del OxyContin en 1996. En sus primeros años, las muertes estaban relacionadas con medicamentos legales, pero luego se extendieron a la heroína y el fentanilo ilegal, que continúan afectando al país.
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Si se aprueba, Purdue Pharma pasaría a tener otro nombre y dejaría de ser controlada por los Sackler. Sus ingresos se destinarían exclusivamente a programas contra las sobredosis y el tratamiento de adicciones. Para las víctimas y sus familias, podría representar un cierre simbólico y económico, aunque el camino aún depende de los votos y la decisión judicial final.
Fuente: Mark Lennihan – AP.
Foto: AP.
