La causa investiga presuntas contrataciones direccionadas hacia determinadas empresas. En principio, la calificación de la investigación es por presuntas negociaciones incompatibles y la consecuencia defraudación a la Administración Pública.
El expediente se inició en febrero a raíz de una denuncia y los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía del Chubut principalmente en viviendas de la zona sur de la ciudad, secuestraron documentación y soportes tecnológicos. Días pasados, las actuales autoridades de la Administración Portuaria aportaron expedientes de las contrataciones.
«Estas empresas responden a un grupo de tipo familiar y a su vez tendrían vinculaciones entre sí», sostuvo el fiscal Williams en contacto con los medios.
«Son lazos parentales, conyugales, algunas con una relación de amistad, y todas empresas facturaban univocamente con un único proveedor que era la Administración Portuaria», remarcó.-
«Hemos pedido documental, la analizamos y encontramos indicios relevantes para solicitar estos allanamientos. Ahora buscamos soportes documentales y electrónicos donde haya constancia de estas contrataciones», precisó el fiscal.
«En principio es una instancia preliminar, estamos tratando de determinar si lo que tenemos como hipótesis después puede confirmarse», aclaró.
«Lo circunscribimos a diciembre de 2015 y a abril del corriente año, habrá que determinar la existencia de los trabajos y si los precios realmente se condicen con los del mercado, pero hablamos de cifras millonarias que tienen que ver con la logística del puerto, obras, compras de productos, movimientos de suelos y otros tipos de prestaciones», especificó Williams.