Organizaciones políticas y sociales de República Dominicana convocaron para este domingo 25 de octubre una caminata de protesta en Nagua, municipio de la provincia María Trinidad Sánchez, para exigir políticas públicas que resguarden la producción nacional de arroz frente al avance de las importaciones. La convocatoria fue impulsada por el Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón y está dirigida a productores rurales, trabajadores del campo, comerciantes y entidades sociales de la región nordeste.
La movilización está prevista para las 9:30, con punto de partida en el parque de Nagua, sobre la salida hacia San Francisco de Macorís. El reclamo se centra en el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre por el presidente Luis Abinader, que derogó una normativa anterior destinada a establecer una protección arancelaria para el arroz producido en el país.
El régimen eliminado contemplaba un arancel del 20% para determinadas importaciones dentro del contingente establecido y una tasa del 99% para las compras que excedieran ese volumen. A su vez, permitía el ingreso con arancel cero de una cuota de 23.300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos. La derogación de estas condiciones despertó preocupación entre productores y organizaciones que consideran que una mayor apertura comercial puede debilitar la competitividad del sector local.
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La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, atribuyó la decisión a presiones comerciales externas en el marco de las negociaciones con Estados Unidos. Según advirtió, la eliminación de las barreras arancelarias pone en riesgo a un sector que reúne a más de 30.000 productores y sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de actividades vinculadas con el transporte, el abastecimiento y la comercialización.
Cabrera defendió el valor estratégico del arroz para la economía y la alimentación dominicanas. “El arroz no es una mercancía cualquiera: es un alimento esencial para el pueblo dominicano y el sustento de miles de familias productoras y trabajadoras”, sostuvo. También alertó que debilitar la producción nacional en favor de las importaciones podría generar consecuencias económicas y sociales que excedan el ámbito rural y comprometan la seguridad alimentaria.
La decisión oficial también generó inquietud entre distintos sectores agropecuarios, que reclaman precisiones sobre las salvaguardas y las medidas previstas para sostener la competitividad de los productores. Por su parte, el Gobierno dominicano informó que realiza gestiones diplomáticas y comerciales para renegociar condiciones con sus contrapartes internacionales y mantener controles sobre el ingreso de arroz al mercado local. La protesta busca presionar para que la protección de la producción nacional ocupe un lugar central en esas negociaciones.
Fuente: Telesur.
