La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a encender señales de alerta tras cerrar 2025 con un índice general del 5,5%, según el último informe del Banco Central de la República Argentina. El dato confirma una tendencia ascendente sostenida en la irregularidad del pago de créditos al sector privado.
El deterioro es particularmente significativo en los hogares. Mientras que la mora en empresas se ubicó en 2,5%, el ratio de irregularidad en préstamos a personas físicas trepó al 9,3%, lo que implica que más de nueve de cada cien familias presentan atrasos en sus compromisos financieros. Se trata del nivel más elevado desde la salida de la pandemia y marca un cambio en la dinámica del riesgo crediticio.
El aumento de los incumplimientos está vinculado principalmente al retraso en créditos personales y prendarios. Durante 2025, el financiamiento a familias creció con fuerza y ganó participación en los balances bancarios, pero esa expansión elevó la exposición al riesgo. En términos reales —considerando pesos y dólares— el crédito al sector privado avanzó 36,9%, reflejando una reactivación del financiamiento, aunque con mayor fragilidad en la calidad de cartera.
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Entre las causas del deterioro se destacan tasas de interés aún elevadas, inflación persistente y una recomposición salarial insuficiente para recuperar poder adquisitivo. Este combo erosiona la capacidad de pago y afecta directamente al consumo, que depende en gran medida del financiamiento en cuotas.
El panorama es más delicado fuera del sistema bancario tradicional. En entidades no bancarias —como cooperativas, mutuales y financieras de consumo— la mora alcanza el 22,8%, un nivel crítico que impacta principalmente en sectores de menores ingresos con acceso limitado al crédito formal. Allí el riesgo sistémico es mayor por la menor capacidad de absorción de pérdidas.
La suba de la morosidad ocurre en un contexto de transformación estructural del sistema financiero bajo la administración de Javier Milei. El crédito a empresas y familias ya representa el 43,9% del activo total de las entidades, desplazando el peso que habían tenido los instrumentos de financiamiento al sector público durante la gestión de Alberto Fernández. El nuevo esquema orientado al crédito privado expone con mayor claridad la sensibilidad del sistema a la evolución de los ingresos reales y la actividad económica.
Fuente: Noticias Argentinas.
