Este miércoles, familiares de cuatro víctimas de la “Masacre de Trelew” presentaron en los Estados Unidos una demanda civil contra el ex teniente de la Marina, Roberto Guillermo Bravo, por su presunta participación en crimen de lesa humanidad ocurrido en la Base Almirante Zar de Trelew. A él se lo acusa de ser uno de los “fusiladores”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó mediante un comunicado que la demanda civil en la que colaboró fue presentada en una Corte de Distrito del sur de Florida.
Bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, los familiares intentarán “llevar al exmilitar a la Justicia por primera vez tras 48 años de impunidad”, señala el texto, ya que desde la década del ‘70 Bravo se encuentra en el país norteamericano, donde consiguió la ciudadanía, es empresario y cuya extradición se reclamaba desde más de 10 años.
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Puntualmente, Bravo se fue de la Argentina un año después de la Masacre, cuando fue nombrado agregado militar en EE.UU. y después de jubilarse se radicó en ese país y actualmente reside en la ciudad de North Miami, Florida.
El comunicado del CELS recordó que Bravo “es un ciudadano estadounidense naturalizado y un exitoso hombre de negocios”.
En tanto, se señaló que la demanda civil fue presentada mientras se espera que la Justicia en EE.UU. se pronuncie sobre la extradición del ex militar a la Argentina, donde se busca juzgarlo por los crímenes de la “Masacre de Trelew”.
Es importante señalar que este proceso civil abierto se tramita en paralelo al pedido de extradición y constituye un nuevo pedido de reparación y de rendición de cuentas. El mismo, además, fue acompañado por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés, Center for Justice and Accountability), en colaboración con el CELS.
“Después de la ‘Masacre de Trelew’, el régimen militar intentó encubrir los hechos y persiguió a quienes demandaban justicia y rendición de cuentas por los delitos ocurridos esa noche, incluidas las familias de las víctimas y sus representantes legales”, recordó el CELS.
También recordaron que “tres sobrevivientes de la masacre fueron asesinados o desaparecidos” con posterioridad (ya durante la última dictadura cívico-militar) y los miembros de las familias de las víctimas “sufrieron amenazas por escuadrones de la muerte”.
Una de las demandantes, Raquel Camps, recordó sobre esto que “mi padre sobrevivió a la ‘Masacre de Trelew’ y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer Justicia”.
Expresó, al momento de presentar esta demanda, su anhelo de que “el sistema de Justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, a cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y a poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”.
“La ‘Masacre de Trelew’ fue el preludio de los horrores que se darían más tarde, y en particular, durante el proceso”, dijo la abogada de CJA, Claret Vargas; mientras que Ajay Krishnan, socio del estudio jurídico Keker, Van Nest & Peters (también participante) expresó: “Estamos orgullosos de ser parte de un esfuerzo para dar voz a las familias cuyos seres queridos han sido silenciados por Bravo y el régimen militar argentino”.
Vale recordar que tras el pedido de los familiares, la causa fue reabierta y en 2012, casi tres décadas después del retorno del país a la democracia, luego que el hecho fuera calificado como delito de lesa humanidad, marcando la imprescriptibilidad del mismo.
A partir de ello fue que se detuvo y enjuicio al excontraalmirante Horacio Mayorga; a Roberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; al excapitán Jorge Del Real; al excapitán Luis Sosa; el excabo Carlos Marandino; y al excapitán de Navío Jorge Enrique Bautista.
Sin embargo Bravo no estuvo en el banquillo de los acusados ya que se encontraba fuera de la Argentina y no se había podido concretar un primer intento de extradición, en 2010, ya que fue detenido y tras pagar una fianza de más de 1 millón de dólares recobró la libertad.
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Fuente: Télam
