En diálogo con Radio 3, Viviana Moreno, integrante del No a la Mina de Esquel, advirtió que hay un intento de acelerar el tratamiento de la Iniciativa Popular para alejarla del próximo turno lectoral. Recordó que el proyecto se presentó en noviembre y el plazo límite para el tratamiento es a fines de julio.
La asambleísta consideró que esto se debe al “condicionamiento que tienen los diputados que, por lo que dice la Constitución, (a la IP) la tienen que tratar si o si y se dan cuenta que los tiempos se acortan”.
El 31 de julio es el tiempo máximo “pero se tendría que haber tratado junto con la Zonificación porque entraron juntos y son antagónicos”, sin embargo, la Zonificación ya obtuvo dictamen favorable de la comisión mientras la IP no ha tenido aún mayor tratamiento.
El diputado Eliceche estimó que la IP se podría tratar este mes
Es por ello que advirtió que “tratan de desvirtuar la IP para tratarla antes y lo más alejado posible de las elecciones de este año, para que la gente se olvide que traicionaron al pueblo”. En este sentido, remarcó que se ha dado inicio a una campaña de “demonización” de la IP, “diciendo cosas que ya están demostradas que son absurdas”.
“La IP tiene un perfil similar a la Ley de Córdoba, que es más amplia que la Ley 5.001. Por eso queríamos un sistema más protector, teniendo en cuenta las leyes mundiales que tienden a aumentar la protección del ambiente”, expresó.
Remarcó con respecto a la Provincia mediterránea que “en Córdoba no se cerró ninguna industria. En Chubut no tenemos ninguna mina de alúmina para que no se pueda procesar en Aluar. Lo que se dice es absurdo para que la gente no se escandalice con este intento de rechazar la IP”.
Agregó que también “aparecen personajes nefastos –que- cuestionan la constitucionalidad de la Ley”.
“El ir y venir de los políticos tiene que ver con interese particulares y ahora está el interés de las elecciones próximas”
Moreno puso énfasis en “la competencia local de legislar en materia ambiental, lo dice la propia Constitución Nacional, que da aval para que los presupuestos mínimos sean los que plantean las leyes nacionales, pero cada Provincia puede ahondar y proteger más sin que esto sea inconstitucional”.
Reiteró que el proyecto 129/20 “empieza hablando de la actividad minera y todo lo que se haga en ella, que no puede usarse tal o cual elemento. Pero ahora, intentan confundir para que la población que no leyó la Ley pueda no escandalizarse con el rechazo”.
Sin embargo, remarcó que la IP “no es una barbaridad, Córdoba tiene una ley similar y nosotros tenemos que defender los minerales del subsuelo, que es competencia de Provincia proteger”.
La IP cumple la mitad del plazo legal establecido para su tratamiento
Apunto en esta línea que al respecto “hay mucha jurisprudencia. Dicen que el Código de Minería regula la actividad pero no es el único y tampoco deja de darle competencia a la Provincia sobre los recursos. Desde el ‘94 los recursos son de la Provincia”.
Incluso, “hay juicios donde se ha demostrado que la propiedad es de la Provincia y pude legislar la Provincia. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el caso de Silvana Villivar (contra Chubut por la Ley 5.001) que detuvo el ‘Cordón Esquel’”, cerró.
