El Gobierno de Mendoza desembolsó más de $2.870 millones en abril para garantizar la provisión de alimentos en las cárceles provinciales. Los pagos, destinados a personas privadas de su libertad y al personal penitenciario que cumple funciones de 24 horas, fueron autorizados mediante dos decretos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo.
Según los documentos oficiales, el Decreto 1506 reconoció facturas por $1.433.519.931,86 correspondientes a la segunda quincena de abril, mientras que el Decreto 1511 aprobó el pago de $1.437.503.105,78 por los primeros 15 días del mes. En ambos casos, el Ejecutivo justificó el gasto bajo el mecanismo de “legítimo abono”, previsto por la Ley 8706, utilizado de manera excepcional cuando no se han cumplido los procedimientos habituales de licitación pública.
MIRÁ TAMBIÉN | Dos amenazas de bomba en Aerolíneas Argentinas en menos de 24 horas
El servicio estuvo a cargo de la empresa CLISA Interior S.A., adjudicataria de la contratación directa aprobada en mayo. La licitación pública iniciada en diciembre de 2024 para regularizar el servicio fue declarada fracasada en febrero de 2025, lo que obligó a mantener las condiciones del contrato previo hasta que se concretara un nuevo acuerdo.
La Fiscalía de Estado avaló la legalidad de los decretos, aunque advirtió que este tipo de procedimiento debe aplicarse de forma “excepcionalísima y restrictiva”, ya que sustituye la licitación pública ordinaria. La Dirección de Administración del Servicio Penitenciario Provincial fue autorizada a rendir cuentas del gasto ante la Contaduría General.
MIRÁ TAMBIÉN | Neuquén: la Justicia ordenó al ISSN pagar audífonos de alta gama
Los decretos fueron firmados por Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en un contexto de récord de ingreso de presos en las penitenciarías mendocinas. El Gobierno provincial argumentó que la continuidad del servicio alimentario era indispensable para garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario.
Fuente: Los Andes
