El legisladora nacional por Chubut, Gustavo Menna (Cambiemos), se refirió al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado por el Gobierno nacional.
En este sentido, Menna analizó el documento y remarcó que “no hay motivo para declarar la emergencia económica” en la Argentina.
Además se refirió a un artículo del documento que facultaba al Presidente a “reformar el Estado y explicó que “se trata de una previsión excepcional contenida en el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
“No concurren en el caso los supuestos que habiliten algo tan grave como delegar atribuciones del Congreso en el Ejecutivo. Es una excepción que desbarata el diseño constitucional del poder y la división e independencia de los poderes de la república”, cuestionó Menna.
El legislador nacional consideró que “contrariamente a la noción de ‘tierra arrasada’ que se ha querido instalar, probablemente con la intención de justificar el otorgamiento de la suma del poder público en el Ejecutivo”.
“Más allá de las dificultades económicas que vienen de arrastre por una recesión que, con la excepción de 2017 viene de más de una década atrás, la situación de hoy ni siquiera se asemeja al contexto que enmarcó, por ejemplo, la sanción de la Ley 25.561”, en alusión a la declaración de Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, del 2002.
En este sentido, Menna sostuvo que “el índice de desempleo está por debajo del promedio de los últimos 36 años; el stock de deuda en relación al PBI está en el orden del 50%; el déficit fiscal primario bajó del 5,8 % del PBI a fines de 2015 a un 1% este año; el déficit fiscal total bajó del 5,1% al 3,8% y la Argentina lleva más de un año de superávit comercial”.
El país “genera divisas genuinas al exportar por más valor que el que importamos, al punto que el año cerrará con un saldo positivo de más de U$S 15.000 millones”, puntualizó.
“Luego de haber abierto más de 200 mercados, muchos de ellos para economías regionales, como en el caso de mi provincia lo fue para la carne ovina o las cerezas”, continuó explicando.
En relación con aspectos puntuales del proyecto de Ley, Menna dijo que “el proyecto contempla una exorbitante e inconstitucional delegación de competencias del Congreso en el Ejecutivo, que incluyen materias prohibidas como lo son las tributarias”.
“El Gobierno ha demostrado improvisación. Sabían que tendrían la responsabilidad de Gobernar desde las PASO. Sin embargo no pudieron presentar un proyecto de presupuesto para el 2020”, cuestionó.
“Dijeron que el que había presentado Macri en el plazo previsto por la Ley de Administración Financiera era incorrecto. Están en su derecho de proponer otro en su reemplazo. Pero tuvieron más de cuatro meses para prepararse para tener un plan de Gobierno”, disparó.
Esto es “una prueba de la improvisación y la incoherencia intrínseca del proyecto es que por un lado se propicia la declaración de Emergencia por un año y plantean delegaciones al Ejecutivo para aumentar retenciones más allá del plazo de la pretendida emergencia”.
Lo mismo ocurre con el “Impuesto a la Compra y Operaciones en Moneda Extranjera al que se lo instituye por cinco períodos fiscales, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Menna consideró que se trata de una “emergencia ficticia –que- se declara para solapar un ajuste brutal sobre los jubilados y pensionados”.
“Se propicia suspender la aplicación de la fórmula de la movilidad automática de los haberes que de acuerdo al artículo 32 de la ley 24.241 debe realizarse trimestralmente”, argumentó en este sentido.
“Esto significa abandonar la automaticidad de las actualizaciones, para hacerlo a discreción del Ejecutivo y sin ninguna pauta”, explicó.
En cuanto a los servicios, Menna cuestionó la intervención propone intervenir el ENRE y el ENARGAS y se preguntó: “¿Cuál es la razón que justifique intervenir los entes de control de la energía y del gas? –sosteniendo que es- una medida arbitraria y sin exposición de una justificación razonable”.
El legislador nacional por Chubut también consideró que “el artículo 74 implica la deserción lisa y llana del Estado en sus obligaciones indelegables en materia de Salud Pública, al suspender la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas al programa médico obligatorio (PMO)”.
“Sin motivo que lo fundamente se pretende privar a la población del derecho a ser atendido en las prestaciones más elementales”, concluyó.
