El proceso en Nuevo México analiza si Facebook e Instagram expusieron a menores a situaciones de riesgo y podría sentar un precedente en la industria tecnológica.
Meta comenzó a enfrentar en Nuevo México un juicio impulsado por el fiscal general Raúl Torrez, quien acusa a la compañía de no proteger adecuadamente a menores en Facebook e Instagram. La causa se centra en presuntas fallas en el diseño de las plataformas y en el funcionamiento de sus algoritmos, que habrían permitido situaciones de explotación y exposición a contenido inapropiado.
El proceso judicial se inició más de dos años después de presentada la demanda y se desarrolla en Santa Fe, con alegatos iniciales que marcan el inicio de un caso considerado histórico. Es la primera vez que un estado estadounidense impulsa de forma independiente un juicio de este tipo contra la empresa por la seguridad de usuarios menores de edad.
Según la acusación, Meta habría violado la Ley de Prácticas Desleales al implementar funciones que generaron entornos peligrosos. El planteo sostiene que la compañía permitió que adultos se acercaran a menores, facilitó el acceso a contenido sexual explícito y no actuó con rapidez suficiente para prevenir riesgos dentro de sus aplicaciones.
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En paralelo, la empresa también enfrenta otro proceso en California vinculado al uso de redes sociales y su posible impacto en la salud mental de adolescentes. Ambos casos ponen bajo la lupa el funcionamiento interno de las plataformas y podrían derivar en la declaración de ejecutivos o ex empleados para explicar políticas y decisiones de seguridad.
Meta negó las acusaciones y sostuvo que trabaja activamente para mejorar las herramientas de protección para jóvenes. La compañía asegura que eliminar contenidos dañinos y brindar mayor transparencia forma parte de su estrategia, y anticipa que basará parte de su defensa en la Sección 230, normativa que protege a las plataformas respecto del contenido publicado por terceros.
El juicio podría extenderse durante siete semanas y contempla posibles sanciones económicas que, según el planteo del estado, podrían alcanzar montos millonarios. Además, el fiscal busca que la empresa implemente cambios estructurales, como sistemas efectivos de verificación de edad y mejoras en los mecanismos de seguridad para usuarios adolescentes.
Con información de WIRED.
