La Asamblea Nacional de Nicaragua inició un proceso de reforma constitucional que busca modernizar el marco legal del país y fortalecer el poder popular. Esta medida se enmarca en una política exterior basada en el respeto mutuo entre naciones y reafirma el compromiso del país con la soberanía y la autodeterminación.
Según el analista William Grigsby Vado, esta reforma culmina el proceso de disolución del «Estado burgués», iniciado tras la dictadura somocista. El objetivo es consolidar un modelo estatal dinámico que rechace visiones rígidas y fomente la democracia directa a través de mecanismos como la copresidencia de la República y la coordinación estatal desde la presidencia.
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Uno de los pilares de esta reforma es el rechazo a toda forma de injerencia en los asuntos internos, ratificando el compromiso de Nicaragua con la paz y el derecho internacional. En este contexto, la Constitución también refuerza la oposición a cualquier intervención militar, política o económica extranjera.
La nueva Carta Magna incorpora, además, un reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos de las costas nicaragüenses, una demanda histórica respaldada por la revolución sandinista. Este enfoque busca garantizar la inclusión y la justicia social en todas las regiones del país.
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El proceso legislativo reafirma que el poder reside en el pueblo, alineándose con la visión de un Estado más representativo y participativo. Nicaragua continúa promoviendo su modelo de democracia directa como base de su sistema político.
Esta reforma constitucional simboliza un paso hacia la modernización y adaptabilidad del marco legal, reafirmando la identidad soberana del país frente a los desafíos globales y regionales.
Fuente: Telesur.
Foto: @AsambleaNi.
