En un oficio que publican medios de Managua, el CSE dispone -con fecha de este lunes- la cancelación del partido regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama).
Lo curioso de la medida es que el oficio fue enviado por error a Carla Evis White Hodgson, representante legal del Partido Indígena Multiétnico (PIM), otra agrupación caribeña.
La fuerza cancelada ya sufrió las detenciones de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y fundador de Yatama, y de Nancy Henríquez James, diputada suplente de Rivera y presidenta del partido indígena.
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El texto lleva la firma del director general de la Oficina de Atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña Martínez.
En declaraciones al sitio del diario La Prensa, la abogada Anexa Alfred señala que fue “un error” haber notificado de la cancelación a White Hodgson, porque ella “no pertenece a Yatama”.
La representante legal de Yatama es Henríquez James, quien para Alfred está “desaparecida” porque la Policía no la presentó como detenida ni la acusó en los juzgados.
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La anulación sucede después de que Yatama exigiera la liberación de los diputados, reclamara a la comunidad internacional “interceder” por los pueblos originarios y denunciara que esos arrestos forman parte de una estrategia que planifica gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para sacar “ventaja en la próxima contienda electoral regional autónoma”, en marzo de 2024.
Yatama se define como “la única fuerza política competente y de masa en la cual confían las comunidades indígenas” de la Costa Caribe de Nicaragua.
Exaliado del FSLN, Yatama exigió a las autoridades “cesar toda violación sistemática y persecución política a los líderes indígenas” y demandó la desocupación “inmediata” de las llamadas Casas Verdes, sedes partidarias ocupadas en dos poblados.
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Por otra parte, otros tres sacerdotes fueron detenidos, dos de la diócesis de Estelí y otro de Jinotega.
Julio Ricardo Norori, Iván Centeno y Cristóbal Gadea eran “claros en sus homilías” y cuestionaban las injusticias que se viven a diario, según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que lleva un estudio sobre casos de religiosos encarcelados.
“En las próximas horas podríamos ver más sacerdotes secuestrados”, advirtió la abogada, que detalló que 2023 fue “el año más funesto de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica” de Nicaragua.
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“Tengo información confidencial que en el transcurso de los días y hora nos vamos a dar cuenta de otros secuestros”, dijo en una conferencia de prensa virtual en la que presentó el informe “IV Entrega Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?”, el cual registró 667 ataques y agresiones contra la Iglesia Católica y 70 contra la Evangélica.
Además, señaló que algunas actividades de orden religioso han pasado a manos de las alcaldías municipales o instituciones, según el sitio 100Noticias.
 de Nicaragua canceló la personería jurídica de un partido indígena, y a una legisladora suplente){kind=link}