Las autoridades nicaragüenses despojaron de su nacionalidad y bienes a 135 presos políticos recién excarcelados y expulsados a Guatemala. La medida se enmarca en una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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En una resolución emitida este martes, las autoridades judiciales de Nicaragua decidieron despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar los bienes de los 135 presos políticos que fueron liberados y expulsados hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre. La sentencia, emitida por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, acusa a los excarcelados de delitos graves contra la soberanía, independencia y autodeterminación del país.
El Tribunal de Apelaciones justificó su decisión alegando que los 135 individuos habían incitado y promovido la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica, alterando el orden constitucional y poniendo en peligro la paz y seguridad de Nicaragua. La resolución se basa en la Constitución Política del país, el Código Penal y leyes específicas que regulan la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Además de la desnacionalización, el Poder Judicial nicaragüense ordenó el decomiso de todos los bienes de los condenados, argumentando que la medida busca responder por los daños materiales e inmateriales ocasionados por las actividades delictivas. Esta acción, según el comunicado oficial, busca hacer justicia a las víctimas de estos delitos y reafirmar el compromiso de las autoridades con la paz, solidaridad y dignidad del país.
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Entre los excarcelados se encuentran el periodista Víctor Ticay, el filósofo y sociólogo Freddy Quezada, la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, así como 13 miembros del Ministerio Puerta de la Montaña. Estados Unidos, que facilitó la liberación de estos presos, y Guatemala, que los acogió, aún no han oficializado la lista de beneficiados.
La crisis política y social en Nicaragua, que comenzó en abril de 2018 y se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, ha llevado al presidente Daniel Ortega a enfrentar acusaciones de autoritarismo. Ortega, quien fue reelegido para un quinto mandato, ha detenido a sus principales contendientes y ha tomado medidas severas contra la oposición.
Fuente y foto: DW
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