«El Ministerio de Público Fiscal viene trabajando desde que se tuvo conocimiento del hecho, el lunes 1º de agosto, cuando el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Esquel, Omar Pico, se presentó y nos informó de la situación«, señaló Forti.
«Para estos casos tenemos una instrucción del procurador general, la cabeza de todos los fiscales, sobre el protocolo de manifestaciones públicas y le dijimos a la Policía que lo aplique», explicó.
«Básicamente tiene que ver con una instancia de mediación y diálogo, primero de las autoridades policiales que deben presentarse al lugar, tratan de pacificar la situación y poner en conocimiento la postura del Ministerio Público si eventualmente había que identificar a algunas personas», precisó.
«Como esta situación no varió, se dio intervención al Área de Soluciones Alternativas de Conflictos, hay una licenciada y una abogada que son especialistas en tratar este tipo de cuestiones y lograr un acuerdo, una solución superadora a través del diálogo, acercando las partes, tanto los manifestantes como las autoridades municipales», expuso el fiscal.
«En ese marco hay un principio de confidencialidad sobre las tratativas con cada una de las partes”, justificó sobre la imposibilidad de que la prensa pudiera observar el diálogo que las representantes judiciales tuvieron hoy con los podadores.
“Hoy desde el Área nos informaron que no se arribó a buen puerto, por lo que la situación se extendió al cuarto día», admitió Forti.
«El Ministerio Público Fiscal tiene en cuenta en este tipo de casos son los derechos que están en juego, obviamente la gente que se manifiesta tiene el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución, pero vamos a evaluar si extendido en el tipo o por la manera que se está ejerciendo no afecta otros tipos de derechos que podrían configurar una conducta delictiva», argumentó.
«Obviamente más allá de analizar una posible comisión de delitos, siempre está abierta una instancia de diálogo para destrabar esta situación», aclaró.
Aseguró que «no estamos pensando en un desalojo por la fuerza, es una medida que tampoco tenemos regulada en el Código, pero podría haber una comisión de un delito si el bloqueo continúa».
«Trabajamos bajo el principio de legalidad, no podemos tomar medidas que no estén habilitadas por el Código», advirtió.
«Todo lo que tenga que ver con la relación contractual del municipio con esas personas han sido incorporado al expediente, por eso se evalúa el derecho que están intentando ejercer. Hacen al conflicto, pero tampoco son determinantes», relativizó.
«Por el momento hemos decidido analizar si esta conducta configura un delito y una vez que determinemos eso veremos cómo proceder. Tendremos alguna novedad en el transcurso de estos días», planteó.
«La queja principal de las autoridades es que no pueden ingresar ni egresar vehículos que prestan servicios esenciales para la población. Eso también se tiene en cuenta», remarcó.
«El Ministerio Público Fiscal nunca se hizo el distraído sobre las denuncias que se hicieron aquí», aseveró Forti.
Al mismo tiempo se conoció que los manifestantes habrían decidido aceptar una instancia de diálogo y como señal para encaminar el conflicto, propondrían habilitar el ingreso y egreso de camiones de 18.30 a 20.