«Nos preguntamos como todo el sistema judicial, comprado históricamente por apellidos importantes y políticos corruptos ha podido dar vuelta una causa de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal por la participación de dos o más personas por un abuso sexual simple basado en una acción dolosa de desahogo sexual. ¿Fue por el resultado de la investigación de más de 60 testigos que confirmaron el hecho, porque le pagaron bien para torcer la causa, porque llegaron al final más cómodo para todos?», cuestionó una de las oradoras.
«Fue porque el sistema judicial y estatal lo permiten, porque el patriarcado y el capitalismo creen que pueden tapar la violencia con un arreglo entre partes negando las aberraciones ejercidas sobre nuestros cuerpos. Hoy en Chubut, provincia de la vergüenza y la injusticia, nos pretenden violar a todas y todes, a cada uno de nosotres y a nuestra lucha», reprocharon.
«Querer hacernos creer que la violencia sexual de individuos o de grupos organizados como el de La Manada son un acto de desahogo, casi basado en instintivo de seres animales, es una burla para todas las mujeres y disidencias de la tierra», aseveraron.
«No sólo queremos la destitución del fiscal Fernando Rivarola, queremos a los violadores presos; queremos que todo el sistema judicial se haga cargo de sus graves falencias en perspectivas de género, que la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal haga el trabajo que le corresponde y deje de ser un adorno para el sistema judicial de la provincia, queremos cumplimiento y presupuesto de la ley 1.526 de Protección Integral de Igualdad de Oportunidad de Género, queremos que estos violadores y violentos, y de todos los días, vayan presos, como los violadores de Rawson, quienes también violaron en grupo, y fue este mismo fiscal Rivarola el que los dejó libres», exigieron.
«El rol del aparato judicial en el armado de esta causa se sostiene en una red de complicidad demasiado profundo. La Fiscalía no sólo hizo lo suficiente para beneficiar a los imputados, sino que atentó contra todas nosotras», recriminó otras de las voceras.
«Que se aproveche la oportunidad de un fallo histórico, exigimos que ningún fiscal del país participe en un caso de estas características sin haberse capacitado en la Ley Micaela sobre perspectiva de género», reclamó otras de las mujeres.
«Todo está relacionado en esta Provincia, la política y la Justicia se dan la mano para gobernarse entre ellos y no al pueblo. El primer arrepentido y liberado es Joaquín Pérez, el hermano de Genaro Pérez, el intendente de Gastre, el lobbysta minero más grande que hay en Chubut, que ha hecho hasta un hotel para recibir a las mineras y de ese modo ir en contra del pueblo quiere», acusó otras de las oradoras.
«Si uno empieza a rever los hechos, nos damos cuenta que la torta se corta entre cuatro o cincos. Fui una de las presas el año pasado en la Legislatura en una protesta en contra de la megaminería, y quien nos está culpando es el fiscal Rivarola», expuso.
«Genaro Pérez, el intendente de Gastre, viola nuestra tierra, es un ecocida; y su hermano, Joaquín Pérez, viola nuestros cuerpos. El patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales», sentenció.
