El Ministerio de Justicia de la Nación decidió suspender nuevamente la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 10 de noviembre. La medida responde a los reclamos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que sostiene que aún no están dadas las condiciones necesarias para adoptar el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
La decisión fue firmada por Sebastián Amerio, secretario de Justicia, mientras el ministro Mariano Cúneo Libarona se encuentra de licencia. Fuentes oficiales informaron que la nueva fecha tentativa para la puesta en marcha del sistema será el 27 de abril de 2026, aunque la resolución formal se conocerá en las próximas horas.
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El procurador interino Eduardo Casal y un grupo de fiscales federales habían planteado en reiteradas reuniones que el cambio requiere resolver antes problemas estructurales: más de 200 cargos vacantes, falta de infraestructura, carencias tecnológicas y la necesidad de avanzar hacia la autarquía financiera del MPF. Según advirtieron, sin esos recursos sería imposible garantizar el correcto funcionamiento del sistema acusatorio, que traslada a los fiscales la conducción total de las investigaciones.
El nuevo modelo procesal ya se aplica en Rosario, Bahía Blanca, Salta, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, con resultados positivos. En Buenos Aires, sin embargo, su implementación fue postergada dos veces en menos de tres meses. Desde la Procuración aclararon que no se oponen al sistema, sino a la forma en que se intenta implementarlo: “El problema no es el modelo, sino las condiciones actuales”, afirmó Casal.
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El sistema acusatorio busca agilizar los procesos judiciales mediante audiencias orales y plazos más breves, delimitando las funciones entre jueces y fiscales. Su aplicación en la justicia federal porteña es considerada clave para modernizar los tribunales más importantes del país, aunque su puesta en marcha sigue demorada por la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal.
Fuente: Infobae.
