El tribunal, conformado por los jueces Ernesto Pedro Sebastián, Alejandro Adrián Silva y José Fabian Asís -que condenó la semana pasada a Iglesias- también ordenó el decomiso de los inmuebles donde explotaban sexualmente a las víctimas.
El Tribunal también condenó al exagente de Prefectura Naval Argentina (PNA) Eduardo Horacio Gutt a cuatro años de prisión por considerarlo partícipe necesario en el delito de facilitación de la prostitución ajena.
Por otra parte, los jueces ordenaron, en línea con lo solicitado por el fiscal general Gabriel González Da Silva, el decomiso de tres inmuebles vinculados con la explotación sexual a las víctimas. Se trata de los bares «Broadway» y «Kaos», ubicados en la localidad de Ingeniero White, en la bonaerense ciudad de Bahía Blanca.
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Tanto Iglesias como Gutt habían sido absueltos en el marco de un juicio realizado en 2018 por otra conformación del Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, donde solo se había condenado a Alfredo Ismael «Beto» García por facilitación de la prostitución.
Tras un recurso presentado por el MPF, en 2019, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones y el rechazo a los decomisos y ordenó que se dicte un nuevo fallo.
Dentro del fallo dictado la semana pasada, los jueces sostuvieron que si bien en el local no se consumaba directamente el ejercicio de la prostitución, el bar desempeñaba “un papel fundamental como punto de encuentro para luego materializar los actos de comercio sexual en sus adyacencias, que se llevaba a cabo con víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”.
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Por otra parte, la fiscalía consideró que existían elementos para sostener que desde 2009 y hasta mediados de 2012 Iglesias cometió los delitos de trata de personas y de explotación comercial de su prostitución.
En cuanto a la situación de Eduardo Horacio Gutt, el Tribunal recordó que al momento de los hechos trabajaba como ayudante de primera perteneciente a la dotación del personal subalterno de la PNA en Bahía Blanca. En el expediente se logró comprobar que concurría asiduamente al local de García y que incluso le solicitaba servicios sexuales para sí mismo.
“El hecho resulta paradójico, ya que aquel ostentaba la responsabilidad de velar por la seguridad de las víctimas en virtud de su función institucional, y sin embargo se transformó en un partícipe -por omisión a hacer lo debido- por su posición frente a la empresa criminal», señalaron los jueces.
Fuente: Télam
