Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estados de Estados Unidos que buscaba bloquear su fusión con Warner Bros. Discovery, lo que despeja el principal obstáculo judicial para concretar una de las mayores operaciones de la industria audiovisual. El acuerdo fue anunciado este lunes por funcionarios estadounidenses.
La administración estadounidense había aprobado la operación en junio sin exigir modificaciones al modelo de negocio, pero 12 estados habían presentado una demanda para impedirla. California encabezó el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington.
Los estados cuestionaban que la compañía resultante pudiera controlar alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en cines y una proporción similar del mercado de licencias para canales de televisión por cable. También hubo objeciones dentro de la industria cinematográfica por el posible impacto sobre el empleo y el volumen de producciones.
MIRÁ TAMBIÉN: California declara el estado de emergencia ante la amenaza de un fuerte El Niño
El acuerdo contempla compromisos específicos para la nueva compañía. Según informó el fiscal general de California, Rob Bonta, Paramount deberá producir 30 películas durante cada uno de los primeros dos años y 32 durante cada uno de los tres años siguientes. Al menos cuatro de esas producciones deberán ser independientes y un mínimo del 20% deberá corresponder a películas de alto presupuesto.
Además, Paramount y Warner Bros. deberán invertir al menos 300 millones de dólares adicionales por año en producciones realizadas en Estados Unidos respecto del gasto registrado en 2025. El acuerdo también establece la conservación de los terrenos de producción de ambos estudios, el cumplimiento de los acuerdos laborales y la asignación de fondos para capacitación de trabajadores.
El entendimiento incluye también medidas vinculadas con CNN y la independencia editorial de los medios de la compañía fusionada. Se creará una junta encargada de establecer principios editoriales, mientras que el cumplimiento de los compromisos será supervisado por un monitor interno, un fideicomisario independiente y un comité integrado por cinco estados. El tribunal mantendrá jurisdicción sobre la ejecución del acuerdo.
