El expresidente peruano Pedro Castillo pasará 18 meses en prisión preventiva, según resolvió hoy el Poder Judicial, que lo acusa de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.
En una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.
Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre, por el intento de autogolpe de Estado. En el inicio de la extensa sesión, Checkley informó que Castillo se había negado a recibir la notificación del requerimiento fiscal y dispuso que la defensa del destituido mandatario la asumiera el letrado oficial Ítalo Díaz.
Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, confirmó después, en un mensaje en la red Twitter, que ni él ni su colega Raúl Noblecilla participarían de la audiencia.
«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo), nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó y mencionó a la «vacancia (destitución) ilegal y exprés» entre esas razones.
La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó el martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses.
A la audiencia de hoy, en cambio, sí se conectó, desde la clandestinidad –como anunció la semana pasada- el exjefe de ministros Aníbal Torres, a quien el fiscal Alcides Chinchay señala como el responsable del escrito que leyó Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de Emergencia que actuaría por decretos.
Chinchay pidió también para Torres los 18 meses de arresto preventivo, según el sitio del diario La República.
El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, remarcó que su defendido no puede representar un peligro para la sociedad, por lo que no corresponde que esté en prisión preventiva, además de subrayar que tiene arraigo domiciliario y que pretende volver a ejercer como abogado.
Según Rodríguez, Torres solo acompañaba a familia de Castillo hacia la embajada de México. “Siempre solidario”, resaltó el letrado, que aclaró que Torres no sabía lo que diría Castillo en su mensaje.
Para el fiscal, ese viaje de Castillo hacia la sede diplomática mexicana implica un riesgo de fuga.
Castillo es acusado de rebelón, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel.
Torres y los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez son sindicados como coautores del delito de rebelión.
