La Corte Suprema dispuso hoy que se les tomen los juramentos de ley a los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.
Los diputados elegidos, propuestos por sus respectivos bloques, son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos; y Álvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.
La Corte consideró válida la resolución parlamentaria que designó a esos legisladores propuestos por los respectivos bloques y elevados oportunamente al Consejo para que les tomara juramento el presidente del organismo, Horacio Rosatti, también titular del máximo tribunal de justicia.
En una acordada, la Corte dispuso que «el señor Presidente del Tribunal reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de Diputados de la Nación», se indicó en el texto difundido hoy en el Palacio de Justicia.
«El acto tuvo como antecedente la resolución (parlamentaria) R.P. N°1608/22 de la Presidencia de esa cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del referido órgano», añadió.
También recordó que el 30 de noviembre el secretario parlamentario remitió a Rosatti copia de la resolución R.P. N°1634/22 de la Presidencia de la Cámara baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez de primera instancia Diego Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.
La suspensión de la lista, dispuesta por la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sobrevino a una apelación a la medida del juez Cormick, lo que generó el rechazo de la oposición y, además, derivó en una serie de incidentes que hicieron frustrar una sesión el 1 de diciembre.
«Ante todo (…) este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica», sostuvo la Corte.
«Asimismo -dijo-, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional».
En ese sentido, recordó que el articulo 2º, inciso 3º, de la ley 24.937 del Consejo de la Magistratura prevé que en ese cuerpo haya 8 legisladores: 4 senadores nacionales y 4 diputados nacionales.
«Como surge del texto de la norma, la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones siguiendo el mismo procedimiento previo», aclaró, el objetar la medida dispuesta por Moreau.
La acordada fue firmada por Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Los integrantes de la Corte sostuvieron que la resolución 1608/22 de la Presidencia de Diputados que designó a los legisladores «fue dictada teniendo en cuenta las propuestas elevadas por los distintos bloques parlamentarios».
«Una vez comunicada al Consejo de la Magistratura, dicho órgano remitió los títulos a este Tribunal y solicitó que se dispusiera lo necesario para proceder a recibir los respectivos juramentos de ley, lo cual fue ordenado por esta Corte en la citada Acordada 31/2022», añadió.
Esa resolución, destacó entonces, «cumplió todos los pasos establecidos para la designación de los representantes» de Diputados «y se cumplieron también los trámites posteriores tendientes a la incorporación al cuerpo de los miembros designados, restando únicamente el ya ordenado juramento de ley».
Por ello, sostuvo la Corte, esta medida «no puede verse alterada por la posterior resolución 1634/22, en tanto fue dictada sin cumplir el procedimiento» establecido por la ley del Consejo de la Magistratura, pues «se trata de una decisión tomada por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación sin la propuesta de los respectivos bloques». De tal manera, se refiere a la decisión de Moreau de suspender el envío de la nómina tras la apelación al fallo del juez Cormick.
La Corte aclaró «lo que aquí se dispone es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas» impulsadas mediante apelaciones y amparos por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y el diputado del PRO Álvaro González, referidas al proceso judicial en que quedó envuelto el trámite.
Finalmente, entonces, los jueces de la Corte dispusieron «ordenar el cumplimiento de lo dispuesto en la Acordada 31/2022, que dispuso que el señor Presidente del Tribunal reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de Diputados de la Nación».
Por otra parte, la Corte tiene en consideración el pleito abierto por los senadores nacionales designados para el Consejo, a partir del fallo del máximo tribunal contra la designación del peronista Martín Doñate y el aval al nombramiento del macrista Luis Juez. El oficialismo insistió en proponer a Doñate para el período 2022/2026, pero Juez volvió a interponer un recurso.
