Los defensores de seis de los siete imputados en la causa conocida como «ñoquis calientes» solicitaron que sus clientes no sean sometidos a juicio oral y público. En una audiencia reciente, los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero pidieron que se aplique la «suspensión de juicio a prueba» por dos años, además de ofrecer un pago de 300,000 pesos en tres cuotas consecutivas.
En tanto el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, se opuso firmemente a esta solicitud. Rodríguez enfatizó la importancia de que los casos de corrupción se resuelvan en juicios orales y públicos debido a la necesidad de transparencia y la demanda de la sociedad por justicia.
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Según Rodríguez, la jurisprudencia de la Cámara Penal de Trelew establece que quienes, aunque no sean funcionarios públicos, participan en actos de corrupción con funcionarios, no deben beneficiarse de la suspensión de juicio a prueba. Esta postura se basa en los compromisos internacionales del Estado para combatir la corrupción, los cuales tienen jerarquía constitucional.
Rodríguez también subrayó que los hechos de corrupción afectan los derechos humanos al impactar negativamente áreas críticas como la salud y la educación. Citando al camarista Alejandro De Franco y siguiendo las directrices del procurador Jorge Miquelarena, Rodríguez insistió en que todos los imputados deben ser sometidos a juicio oral y público lo antes posible.
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La ex ministra de Familia y ex diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, no es elegible para la suspensión de juicio a prueba. Acusada de fraude a la administración pública por ocho hechos, incluyendo concusión y fraude, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, Torres Otarola enfrenta una posible pena de prisión no menor a cuatro años, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía sostiene que Torres Otarola fue una figura central en la actividad delictiva investigada.
Los jueces Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y Raquel Tasello están evaluando si los seis imputados podrán acogerse a la suspensión de juicio a prueba o si serán sometidos a juicio oral y público. La decisión se tomará en función de los argumentos presentados por ambas partes y las condiciones legales establecidas en el Código Procesal del Chubut.
FUENTE: MPF.
